Hasta 35 procesados por repartirse más de 66 millones en mordidas con ayudas de los ERE
► Políticos, abogados y sindicalistas participaron en un «lucrativo negocio», señala el auto
El juez José Ignacio Vilaplana acaba de concluir la investigación de la rama de las sobrecomisiones desgajada del árbol de los ERE con el procesamiento de 35 investigados. Entre ellos se encuentran tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía, en concreto el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. Cada vez que se tramitaba un ERE pagado con el fondo público de la Junta para empresas en crisis, parte del dinero se repartía mediante jugosos dividendos que sirvieron para enriquecer ilícitamente a consultoras, aseguradoras, intermediarios, bufetes de abogados, conseguidores, sindicatos y personas que nunca han llegado a identificarse.
El pago de las sobrecomisiones constituyó un saqueo a las arcas públicas porque, según especifica el juez, se pagaron 66 millones de euros en mordidas que estaban por encima de la media del mercado por la gestión de las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Administración.
Mediante un auto notificado ayer a las partes, el magistrado continúa con el procedimiento abreviado –la fase previa al auto de apertura de juicio oral– contra los investigados atendiendo una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. En la causa no están todos los intervinientes en el negocio, porque recibieron sobres con dinero efectivo, «personas que intervenían con poder decisorio en la negociación, firma y cobro de las pólizas de seguros» financiadas con subvenciones que no han sido identificadas, tal y como advirtió la Fiscalía.
El juez aprecia presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, prevaricación administrativa, cohecho, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. En esta pieza están encausadas dos entidades dedicadas a la intermediación, Permar 21 S.L. y Cureña S.L., como partícipes a título lucrativo, y se cita como responsables civiles subsidiarios a entidades vinculadas a la UGT, UGT-A, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA), CC.OO., CC.OO.-A y CC.OO. de Industria.
El magistrado considera que el exconsejero de Empleo y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero (fallecido en octubre de 2020) y Juan Márquez, junto a varios responsables del grupo Vitalia y otros investigados, «de común acuerdo y con ánimo de lucro, aprovechando la ausencia de control alguno de los fondos públicos destinados a las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta, habrían diseñado y ejecutado un sistema que habría permitido crear un fondo de caudales públicos constituido por el exceso indebido de las comisiones de las pólizas asociadas a estas ayudas, abonado por la Junta con cargo a varios programas presupuestarios, naturalmente ordenado, aceptado y consentido por referidos responsables de la Consejería de Empleo y fijado en su cuantía por los mediadores de las respectivas pólizas en las que intervenían».
Facturas ficticias
El fondo de sobrecomisiones habría sido posteriormente distribuido a través fundamentalmente de sociedades instrumentales, en muchos casos mediante la simulación de operaciones comerciales ficticias, para integrarse finalmente en el patrimonio de dichos
Se apuntan presuntos delitos de blanqueo, falsedad documental, prevaricación, malversación y asociación ilícita
«mediadores» y comisionistas (conseguidores) y otros intervinientes en el proceso, obteniendo así la parte que a cada cual le correspondía. Participaban así en este lucrativo «negocio» de intermediación en la obtención de ayudas y financiación pública de costes de extinción colectiva de relaciones laborales. Se hizo una «instrumentalización ilícita de ayudas», con el fin de hacer suyos y desviar de su destino natural parte sustancial de tales fondos del Patrimonio Público Autonómico».
La Junta repartió sobrecomisiones «sin justificación que acredite la necesidad» de intermediarios, elegidos de forma discrecional y sin concurso público para su contratación. De esta forma, diversas entidades mediadoras habrían intervenido, al margen de cualquier mínima forma de legalidad, en la negociación y formalización de las pólizas de seguros asociadas». El juez señala a entidades integradas en los grupos Uniter y Vitalia y refiere el entramado vinculado con el investigado y exdirigente de UGT Juan Lanzas a través de un despacho de abogados, y por los sindicatos de trabajadores y las entidades a ellos vinculadas.