La Justicia boliviana niega la libertad condicional a la expresidenta Áñez
En una audiencia que fue postergada por unas horas y en el último momento, la Justicia boliviana determinó mantener con detención preventiva a la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, la tarde del lunes. La exmandataria dijo a través de sus redes sociales que el objetivo es mantenerla presa como un «trofeo político».
Es la quinta vez que Jeanine Áñez sufre el rechazo de la petición de cese de la detención preventiva, tras permanecer 281 días en la cárcel de mujeres de la zona de Miraflores, en La Paz. La expresidenta está acusada de provocar la renuncia de Evo Morales en 2019, en el caso denominado «golpe de Estado».
Áñez asumió la Presidencia de Bolivia en 2019 tras los conflictos sociales que se registraron a causa de un presunto fraude electoral que fue confirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Evo Morales y su partido político, el Movimiento al Socialismo, rechazan esa versión y afirman que todo fue parte de un plan en el que militares, policía y otros líderes políticos estuvieron involucrados.
Sedición, terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado Boliviano e incumplimiento de deberes son algunos de los delitos por los que la exmandataria boliviana está siendo procesada. Las investigaciones se iniciaron después de que el partido de Morales retomó el poder, no obstante, las autoridades han reiterado que la justicia actúa de forma independiente.
Los administradores de la Justicia boliviana impiden que Áñez se defienda en libertad y argumenta que hay riesgos procesales y de fuga. La defensa de la expresidenta explicó que sólo se dan las razones, pero sin suficientes argumentos y que en realidad todos los recurso que presenta son negados desde el mes de marzo, lo que supone una presunta actuación parcial.
Áñez fue detenida el 13 de marzo y en su contra hay dos denuncias impulsadas por el Movimiento al Socialismo. Ninguna de las acusaciones son juicios de responsabilidades porque Evo Morales y su partido político creen que no es una expresidenta legítima.