El Estado podrá ofrecer quitas de hasta 2.000 euros a empresas en quiebra
► El Ejecutivo se abre a romper el blindaje de los créditos públicos tras el informe del Consejo de Estado a su reforma concursal
Nueve de cada diez empresas que entran en quiebra en España terminan desapareciendo del mapa, o, mejor dicho, terminan en una fase de liquidación que puede prolongarse durante años hasta que se venden todos sus activos y los acreedores cobran la parte de sus deudas pendientes que les corresponde. Profesionales y organismos internacionales llevan años denunciando esta situación y señalando como una de las causas de la ineficacia del procedimiento concursal español a la hora de dar una salida de viabilidad a las empresas el hecho de que los acreedores públicos, principalmente la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, no renuncien a un solo euro de las cuentas pendientes que mantienen con empresas en problemas.
Muchos confiaban en que el proyecto de reforma concursal del Gobierno acabara al fin con los privilegios de los acreedores públicos en los procesos concursales, pero las expectativas se vieron defraudadas en cuanto se vio que el anteproyecto inicial presentado el pasado verano preservaba ese blindaje.
La presión ambiental, no obstante, ha surtido efecto y la ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció ayer que la reforma concursal que el Gobierno enviará al Congreso de los Diputados recogerá la posibilidad de que los acreedores públicos puedan renunciar hasta a 2.000 euros de las deudas que empresas incursas en un procedimiento concursal mantengan con Hacienda o con la Tesorería General de Seguridad Social.
Según la explicación proporcionada por la ministra, la norma planteada por el Gobierno permitirá que la Agencia Tributaria realice quitas de hasta 1.000 euros a las empresas o particulares que se hayan declarado en concurso y reconocerá el mismo margen de maniobra a la Tesorería de la Seguridad Social, lo que llevará hasta los 2.000 euros la cuantía del crédito público que se podrá incluir en las quitas de los acreedores.
El Registro de Economistas Forenses (Refor), una de las plataformas representativas de los profesionales concursales, ha subrayado en más de una ocasión que el crédito público supone el 20% de las deudas de las pequeñas y medianas empresas que se van a concurso y que este porcentaje suele ser creciente cuanto menor es el tamaño de la sociedad.
El Ministerio de Economía se negaba sin embargo a habilitar las quitas en los créditos públicos, pese a los llamamientos al respecto realizados por organismos como la Comisión Europea o la OCDE. El argumento, repetido ayer por Pilar Llop, es que al contrario que en otros países en España los recursos de la Seguridad Social van a financiar las pensiones y se entiende que tampoco se puede prescindir de recursos fiscales de la Hacienda Pública.
Más agilidad y menos coste
La reforma concursal impulsada por el Gobierno ha apostado por mejorar las posibilidades de supervivencia de las empresas por otras vías. En primer lugar tratando de evitar que entren en concurso de acreedores. Aquí se plantea una doble estrategia. Por una parte, se establece un sistema de alertas tempranas para que las empresas adopten medidas antes de que la quiebra sea inevitable. En este sistema, la Administración podrá remitir avisos a empresas que por su dilación a la hora de atender sus obligaciones fiscales o con la Seguridad Social se entienda que están en dificultades. Por otra, se facilita el acceso a fórmulas preconcursales para vender activos antes de caer en el impago.
En segundo lugar, el Gobierno se ha enfocado en agilizar un procedimiento que en ocasiones se dilata durante años liquidando las pocas posibilidades de supervivencia que pudieran tener las empresas. También ha maniobrado para rebajar el coste del proceso, limitando la retribución de los administradores concursales e incluso prescindiendo de sus servicios en determinados casos, lo que ha desencadendo la indignación de los profesionales concursales.
La reforma concursal habilita al Gobierno a lanzar ‘avisos’ a las empresas en problemas