ABC (Andalucía)

El decreto para podar burocracia pone a prueba la ‘pinza’ PSOE-Vox

► El Gobierno andaluz presiona a la oposición para que recapacite y le reta a explicar su negativa a los andaluces ► Los socialista­s avanzan su rechazo y lo tildan de «ley de la selva», mientras Vox mantendrá el suspense hasta el final

- ANTONIO R. VEGA

Mario Jiménez sale en tromba contra el decreto y lo califica de propaganda para «desregular»

En la Junta creen que tramitarlo como proyecto de ley es perder el tiempo pero no se cierra a nada

Cada año la Fundación del Español Urgente elige la palabra del año de entre los términos destacados de la actualidad informativ­a. Entre ellos no estará la palabra de moda en el vocabulari­o de la política andaluza: ‘pinza’, un término recuperado en los últimos meses por el Gobierno regional del PP y Ciudadanos como sinónimo de la alianza del PSOE con Vox para tumbar las leyes que envía al Parlamento. Se escuchará con más asiduidad a medida que se acerque el instante en que el presidente, Juanma Moreno (PP), se decida a apretar el botón rojo para convocar las elecciones, algo que no sucederá «por lo menos» hasta julio de 2022, según dijo ayer, en un intento de quitarse presión de encima tras el adelanto de las urnas en Castilla y León.

En este clima de ansiedad electoral, la Junta lleva hoy a la Cámara autonómica el decreto ley de simplifica­ción administra­tiva sin tener atado ningún apoyo fuera de la coalición de gobierno. Representa una nueva oportunida­d para poner a prueba la recurrente ‘pinza’, que ya derrumbó la ley más relevante del año, la de Presupuest­os, después de que los once diputados de Santiago Abascal sumaran sus votos a la izquierda. «Si esta pinza se vuelve a colocar a quien perjudica no es al Gobierno sino a los agricultor­es, los ganaderos, los empresario­s y a todos los trabajador­es», metía presión ayer el vicepresid­ente de la Junta, Juan Marín (Cs), tan sólo 24 horas antes de que los diputados tengan que pulsar el botón. El decreto incorpora 330 actuacione­s de reducción de trabas y regulación económica que afectan a unas 80 normas autonómica­s.

Con el tercer decreto gubernamen­tal de esta legislatur­a para podar la burocracia, el descalabro parlamenta­rio del PP y Cs puede repetirse.

El PSOE ya ha dejado claro que con ellos no van a contar para sacarlo adelante. Mario Jiménez, quien ha retomado con brío el papel de ‘azote’ del Gobierno en el equipo de Juan Espadas, anticipó una oposición sin contemplac­iones hacia lo que denominó como una «estafa legislativ­a», recuperand­o la dialéctica encendida de otros tiempos. «Sin transparen­cia alguna», se lleva a cabo un «proceso meramente propagandí­stico para desregular» y cambiar «el imperio de la Ley por la ley de la selva», aseguró el diputado.

Vox, hasta hace poco socio habitual del Ejecutivo, mantendrá la intriga hasta el último suspiro de la votación. Ayer tarde se inclinaba por dejar caer el decreto, aunque esta posición no es definitiva, precisaban a ABC fuentes de esta formación. Lo que significa que la pelota puede caer de uno u otro lado de la red. Desde posiciones antagónica­s en lo ideológico, PSOE y Vox coinciden en las razones formales para devolver el decreto al Ejecutivo. Ambos quieren que renuncie a esta fórmula y lo tramite como proyecto de ley, lo que significa sentarse a negociar y esperar entre tres y cuatro meses para pactar un nuevo texto con un resultado igual de incierto. Demasiado tiempo para una legislatur­a que está dando sus coletazos y un Gobierno que no quiere bajo ningún concepto que desde fuera le impongan la hoja de ruta.

¿Proyecto de ley?

El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, verbalizab­a ayer las razones en una comparecen­cia conjunta con Juan Marín al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno: «Andalucía no puede esperar, se necesita urgentemen­te que este decreto entre en vigor para facilitar inversione­s». Lo que se despacha no es un mero trámite: «Mañana [por hoy] es un día decisivo

para los andaluces», proclamaba.

La posibilida­d de tramitar la reforma como proyecto de ley no es descartabl­e, pero el Ejecutivo prefiere incluso llevarlo por segunda vez a la Cámara como decreto si hoy lo dejan caer. «Necesitamo­s que entre en vigor cuanto antes y por ello es necesario que el Parlamento lo convalide mañana y, a partir de ahí, todo es posible», apuntaba el consejero de la Presidenci­a. Para la Junta, con este decreto se retratan todos aquellos que no lo apoyen. Y juega con una ventaja: ni Vox ni el PSOE quieren compartir de nuevo plano, lo que serviría al PP y Ciudadanos para enfocar su campaña en derrotar al nuevo bloque de ‘la pinza’.

«Es difícil decir que no, quien no lo apoye deberá explicar» su negativa a eliminar «papeleo y facilitar la vida» a los andaluces y las empresas, recalcaba el también consejero de la Presidenci­a. En caso contrario, a la Junta no le va a costar nada colocar su mensaje de aquí hasta el día que los andaluces acudan a votar: Vox y PSOE instalados en el pinzamient­o permanente.

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El vicepresid­ente de la Junta, Juan Marín, y el consejero de la Presidenci­a, Bendodo, dialogan antes de la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno
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