La Junta gasta 78,2 millones en intereses por las obras que dejó a deber el PSOE
La Consejería de Fomento ha hecho frente a penalizaciones económicas porque no se pagaba ni indemnizaba a tiempo a las empresas contratadas Ha abonado en reclamaciones judiciales 297 millones, que equivalen al gasto de obras en centros sanitarios del año
El mayor desembolso, 164,7 millones, sirvió para pagar sobrecostes a las empresas contratadas para hacer la Línea 1 del Metro de Sevilla
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio lleva gastados 78,2 millones en intereses por obras en infraestructuras y viviendas públicas que no se pagaron o indemnizaron a tiempo durante los gobiernos del PSOE. Tres años después, la Junta de Andalucía sigue dedicando una partida millonaria para afrontar la tardanza de los anteriores gestores a la hora de cumplir las sentencias en su contra por sobrecostes, retrasos en los pagos o reclamaciones judiciales de proveedores y empresas concesionarias por obras contratadas antes de las elecciones del 2 de diciembre de 2018. La penalización económica por estas demoras alcanza ya los 78,2 millones de euros, según el último balance que ha realizado la consejería que dirige Marifrán Carazo (PP). A la Administración le ha ocurrido lo mismo que a una familia que deja de pagar su hipoteca, sólo que las consecuencias de sus dilaciones son millonarias.
Los 78,2 millones en intereses abonados entre 2019 y 2021 son una parte de los 297 millones de euros que en lo que va de legislatura ha tenido que desembolsar el actual Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos por sus retrasos en el pago de facturas de trabajos, por discrepancias en la ejecución de los proyectos, y los litigios consecuentes. Para calibrar la magnitud de la cifra, basta con ponerla en relación con otras partidas presupuestarias. Los 297 millones equivalen al dinero invertido en infraestructuras en hospitales y centros de salud realizadas por la Junta de Andalucía a lo largo del año 2020. Además, supera el gasto programado por la Consejería de Educación y Deporte para las 593 obras de creación, ampliación o mejora de centros educativos públicos para este año, valoradas en 285,2 millones de euros.
¿De dónde salen los 297.006.455 euros que, en total, ha tenido que costear la Administración con sus consiguientes intereses? La casuística es variada. El mayor gasto corresponde a condenas judiciales a la Junta porque no pagó a proveedores y constructoras a su debido tiempo. Las empresas reclamaron en los tribunales y años después los jueces les dieron la razón.
Sólo en reclamaciones judiciales iniciadas antes del 31 de diciembre de 2018 o con posterioridad a esta fecha, pero que se refieren a expedientes que empezó a tramitar el anterior gobierno de Susana Díaz, se han abonado 214,53 millones. De esta cuantía, más de 62 millones eran intereses de demora. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los 164,72 millones de euros que la consejería ha tenido que abonar a la unión temporal de empresas que ejecutó la Línea 1 del Metro de Sevilla por sobrecostes no asumidos por la Administración durante los trabajos. La Junta ha tenido que abonar otros 5,28 millones de euros por demorarse en los pagos de la obra del tranvía de Jaén, sin funcionar desde que se finalizó en el año 2011, después de realizar una inversión pública de 117 millones de euros. En octubre de 2015, la unión temporal de empresas reclamó casi 5,3 millones en intereses por la dilación en el abono de las certificaciones. El 23 de mayo de 2017 el juzgado contencioso-administrativo número 3 de Sevilla condenó a pagar a la Agencia de Obra Pública, que apeló sin éxito ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Supremo, que acabó ratificando el fallo.
La Consejería de Fomento también ha afrontado el pago 7,1 millones de un pleito por expropiaciones de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en la zona norte de Málaga. No sólo eso. En tres años se ha visto obligada a abonar otros 12,74 millones en concepto de justiprecios e intereses de demora de expropiaciones culminadas con anterioridad al año 2018. De esta cuantía, más de 3 millones eran intereses.
Además de las reclamaciones judiciales y las expropiaciones pendientes, la factura final ha engordado como consecuencia de los contratos que se han resuelto. La consejería ha desembolsado 3,45 millones de euros por dejar sin efecto adjudicaciones realizadas en la anterior legislatura. En oc
tubre de 2019, tuvo que paralizar la obra de la carretera Loja-Ventorros de San José (A-4154), en el Poniente de la provincia de Granada, porque los trabajos apenas habían avanzado debido a las deficiencias técnicas que arrastraba el proyecto contratado en 2018. Tras redactar otro nuevo, se reanudó la obra y ya está «prácticamente terminada», indican desde Fomento.
Las revisiones de precios, liquidaciones y certificaciones de contratos han acarreado otro sobrecoste de 42,15 millones de euros. A estos gastos extra se han sumado 11,1 millones más en intereses por reclamaciones contractuales de obras: 1,6 millones por una promoción de viviendas sin ejecutar y 9,4 millones por los retrasos en el pago de certificados de otro proyecto adjudicado por la Agencia de Obra Pública. Las reclamaciones económicas extracontractuales dejaron otro agujero de 1,26 millones de euros.
Impuestos pendientes
El gasto multimillonario en reclamaciones de diverso tipo se completa con 11,75 millones de euros más por impagos en el Impuesto de Bienes Inmuebles emitidos por distintos ayuntamientos y anteriores a 2019. En esta cuantía destacan los 2,3 millones de euros que no se habían abonado al municipio de Algeciras, 1,2 millones que se debían a consistorios de la provincia de Cádiz o 566.000 euros adeudados a ayuntamientos onubenses.
En este montante no se incluyen los 168,16 millones de euros que el Consejo del Gobierno andaluz saliente, en su antepenúltima sesión, pagó al empresario Tomás Olivo para resarcirlo por el dinero que dejó de percibir el promotor durante los siete años que estuvieron paradas las obras del centro comercial Nevada Shopping, en Granada. El Supremo ratificó la sentencia del TSJA a favor de Olivo, que fue producto de un error que salió muy caro a los andaluces. El letrado de la Junta no asistió a una vista clave para defender la postura autonómica. Cada día que pasaba la factura de intereses se incrementaba en 13.614 euros, según un informe aportado al Consejo de Gobierno que acordó saldar la deuda del 18 de diciembre de 2018.