OBJETIVO, SACAR MÁS TAJADA
Los socios amagan con derribar la contrarreforma laboral, probablemente como táctica para seguir exprimiendo a Sánchez. Son los riesgos de formar un ‘gobierno Frankenstein’
Hoy, previsiblemente, quedarán aprobados los segundos Presupuestos Generales del Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo suficiente de esa larga nómina de socios que conforman nacionalistas, independentistas, e incluso de Bildu. Serán las cuentas que le garanticen la continuidad de la legislatura hasta 2023 porque no parece haber indicios de que vaya a agotarse antes. Sin embargo, el respaldo de lo que en su día Alfredo Pérez Rubalcaba bautizó con acierto como ‘gobierno Frankenstein’ no va a ser siempre total. Ahora el BNG, Bildu y ERC, el socio indispensable con el que Sánchez negocia privilegios exclusivos para Cataluña agraviando a otras autonomías, han anunciado que Sánchez y Yolanda Díaz no podrán contar con su apoyo para convalidar en el Congreso la reforma laboral pactada entre el Ejecutivo, los sindicatos y la CEOE. Si la reforma no saliese adelante en el Congreso, Sánchez se complicaría mucho la gobernabilidad, entre otros motivos porque de la nueva legislación depende en gran medida que España reciba muchos miles de millones de euros en ayudas de la UE. Sin una reforma flexible y alejada de los dogmas que pretende imponer la extrema izquierda al Gobierno, los fondos europeos pueden quedar en dique seco.
La reforma pactada es una buena noticia. Es un acuerdo de mínimos en el que todas las partes han cedido, y no ha resultado fácil ni para los sindicatos ni para los empresarios. Menos aún para Sánchez y Díaz, cuyos partidos se comprometieron a derogar la reforma que en 2012 aprobó el PP, y tal derogación, en efecto, no existe. No les falta razón a ERC, Bildu y BNG cuando reprochan al Gobierno su incongruencia. No obstante, es una buena medida para los trabajadores españoles, y la principal prueba de ello es que son partidos abiertamente secesionistas, y uno de ellos heredero de una banda terrorista, los que se oponen. Sánchez se ha creado un enorme problema porque si se modifica algún aspecto de lo ya pactado, la CEOE ya ha anunciado que se desmarcará y se romperá el consenso. Si por el contrario Sánchez no cede a las exigencias de ERC, un grupo parlamentario esencial para el Gobierno, el PSOE y Podemos podrían quedarse sin escaños suficientes. El mensaje a Europa sería muy negativo y quedaría en vigor la actual norma, aprobada por Mariano Rajoy, cuyos frutos para superar la severa crisis de 2008 fueron notables.
Es posible que ERC, BNG y Bildu no vayan de farol. Pero también es cuestionable pensar que vayan a tratar de dinamitar la legislatura con sus exigencias. El BNG es irrelevante desde cualquier punto de vista, y Bildu no va a renunciar a la campaña de blanqueamiento con que le está favoreciendo Sánchez cada día. Más aún, Otegi admitió en una reunión interna de Bildu que aprobarían los Presupuestos, y cualquier iniciativa que impidiese poner en riesgo del Gobierno, por la sencilla razón de que Bildu nunca va a favorecer a la derecha, y porque solo con Sánchez en el poder podrá ver libres a todos los etarras presos. Respecto a ERC, difícilmente va a boicotear al Gobierno. Y si lo llegara a hacer, sería por tacticismo oportunista, y no por fulminar una reforma laboral ampliamente aceptada. La Generalitat catalana depende demasiado de los fondos europeos. Aparte, siempre queda esa lamentable estrategia del independentismo de tensar la cuerda hasta el límite como forma de chantaje para seguir exprimiendo al Gobierno. Y como ha comprobado que Sánchez siempre cede, lo lógico es que en esta ocasión no sea distinto. Probablemente será la enésima prueba para sacar más y más tajada.