Ciudadanos amaga con hacer que Carmen Crespo salga del Gobierno por su citación judicial
La consejera dice estar tan tranquila «como Moreno y Marín» y recurrirá el auto
La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, asegura estar muy tranquila ante la citación como investigada que tramita una juez de Almería por su presunta implicación en el denominado caso Hispano Almería. En el se indaga el presunto pago de comisiones a funcionarios y políticos por la concesión de obras públicas a la referida constructora. Crespo está mucho más tranquila que los grupos de la oposición que ayer pidieron desde su dimisión hasta la comparecencia urgente del presidente de la Junta ante la Mesa Permanente del Parlamento andaluz. Mientras, Ciudadanos, desde Madrid, hacía una advertencia al presidente Moreno: esperará a tener más información, pero no dudará en hacer cumplir el acuerdo de Gobierno que impide que imputados puedan ostentar cargos públicos.
La consejera intervino ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y aseguró tener solo conocimiento de la citación a través de los medios de comunicación, ya que hasta ese momento no había recibido la notificación judicial, que estudiará y recurrirá, añadiendo que colaborará en todo lo necesario con la Justicia.
La juez implica a Crespo por haber sido presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente Almeriense cuando se firmó un convenio con la Junta de Andalucía para, entre otros proyectos, construir un Museo de la Agricultura en La Mojonera, adjudicado a la constructora Hispano Almería.
«Los hechos están bastante claros», dijo Crespo antes de explicar que la adjudicación de las obras era responsabilidad de los ayuntamientos, en este caso del de La Mojonera. La presidencia de la mancomunidad solo era un cargo de representación institucional que se ejercía de forma rotatoria por los alcaldes y que ella ocupó hasta 2011 como regidora de Adra, por lo que ni siquiera era presidenta cuando se adjudicó la obra investigada. Las decisiones de la mancomunidad eran adoptadas por unanimidad con regidores de todos los partidos. Además, recordó que la Consejería de Turismo del entonces gobierno socialista de la Junta validó el proyecto y su subvención.
«He actuado en todos los cargos que he desempeñado conforme a la ley y la honestidad» dijo la consejera. Preguntada por la repercusión que esta circunstancia judicial podría tener en el Gobierno andaluz, Crespo aseguró que «tanto Juanma Moreno como Juan Marín tienen la misma tranquilidad que yo». El portavoz del Gobierno, Elías Bendodo descartó que este asunto pueda cambiar los planes del Gobierno de agotar el periodo de sesiones parlamentarias de enero a julio para ubicar las elecciones andaluzas en 2022.
La filtración de la citación judicial sin embargo generó ayer todo tipo de reacciones desde los grupos de la oposición; Vox se apresuró a pedir elecciones anticipadas «para garantizar el Gobierno que se merecen los andaluces sin corruptos», a través de su cuenta en una red social. Mientras, la diputada del grupo mixto Teresa Rodríguez pedía la dimisión de Crespo y desde el PSOE, Isabel Ambrosio, anunciaba la inmediata petición a la Diputación Permanente de la Cámara para exigir la comparecencia parlamentaria urgente de Juanma Moreno, ante el «escándalo de la Gürtel andaluza».
Más inquietante para la estabilidad del Gobierno andaluz resultó la reacción del vicesecretario general de Cs, Edmundo Bal, que desde Madrid advertía a Juanma Moreno que no puede haber nadie en el Gobierno andaluz de coalición «con la más mínima sospecha de corrupción» en virtud de los acuerdos de Gobierno que firmaron ambos partidos. Bal aseguraba, no obstante, que esperarán a tener más datos, pero su declaración se produce solo un día después de que el lunes Arrimadas renegara de los pactos con el PP, incluido el andaluz, tras la ruptura en Castilla y León. El pacto andaluz en su primer punto sobre regeneración democrática obliga a la «separación inmediata de altos cargos que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción». En este caso se plantea si la citación es considerada una imputación formal o debería serlo una vez declare la consejera, con la duda añadida de si por su condición de diputada, la imputación de Crespo corresponde al Tribunal Superior de Justicia.
Edmundo Bal «En el Gobierno andaluz no puede haber alguien con la más mínima sospecha de corrupción»
Elías Bendodo «Nada altera el objetivo de agotar el periodo de sesiones del Parlamento que llega hasta julio»