ABC (Andalucía)

Las zonas catastrófi­cas de 2021 siguen a la espera de las ayudas públicas

► Granada, Málaga y Huelva añadieron al Covid terremotos, incendios e inundacion­es en un año fatídico ► Los seguros privados superan en agilidad a las Administra­ciones por la burocracia de la tramitació­n de daños

- ROMUALDO MAESTRE

Angustia. Miedo. Desesperac­ión. Intranquil­idad. Nerviosism­o. Esas son las palabras que resumirían este año fatídico para muchos pueblos de Andalucía, que al listado de los afectados por la pandemia del Covid, unirían el enjambre sísmico de terremotos en Granada en enero, los incendios de Sierra Bermeja en Málaga o las inundacion­es del agua desbocada por la gota fría en la costa de Huelva, también, como los anteriores, en septiembre.

Como las cifras no engañan, basta acudir a la página que el Consorcio de Compensaci­ón de Seguros tiene para contabiliz­ar las ayudas de los que tenían una cobertura privada para sus bienes y se vieron afectados por los más de 3.000 terremotos de Granada. 10.384 peticiones de viviendas afectadas, 33 automóvile­s, 673 comercios y almacenes, 69 oficinas, 39 industrias. El cálculo total está, cifras redondas, en torno a los 15 millones y medio de euros.

Manuel Gil es el alcalde de Santa Fe, uno de los municipios granadinos más perjudicad­os por los temblores junto a Chauchina y Atarfe. A él y a sus vecinos, no se les olvidará sobre todo el primero. «Fue el 23 de enero, un sábado, 4,3 grados, no sabíamos que hacer, no estábamos preparados a pesar de vivir en una zona sísmica; mucha gente salió a la calle y no querían volver a sus casas, había pánico, mucho pánico», relata a este periódico. «Luego vinieron más, muy seguidos, e incluso de escala superior, pero el primero fue el que nos marcó —especifica—. Abrimos parques públicos y el polideport­ivo para que la gente pasara las noches allí. Tengo que agradecer la ayuda de la Cruz Roja a la población, sobre todo psicológic­a, a las personas que viven solas en sus casas, a los mayores, a los niños, a la coordinaci­ón que desarrolla­ron, sin ellos todo hubiera sido diferente», argumenta este regidor socialista en su segundo mandato. Los edificios municipale­s más afectados han sido el histórico Mercado de Abastos, que aún permanece cerrado y que, paradojas de los fondos europeos, si quieren usarlos no pueden tirarlo y hacerlo nuevo sino reconstrui­rlo. El Ayuntamien­to también tuvo desprendim­ientos y daños en un edificio civil que data del siglo XVIII, El Pósito, junto a varios arcos del casco histórico. «Ahora ya sabemos que no podemos vivir de espaldas a los terremotos sino junto a ellos, los enjambres duran entre seis y ocho meses y tenemos planes de emergencia municipal, acabamos de hacer un simulacro de cómo establecer redes en caso de una caída generaliza­da de la telefonía», explica Gil. Han abierto una oficina para la rehabilita­ción del casco histórico, el más dañado. Desde allí ayudan a tramitar los papeles para recibir las ayudas. La administra­ción central subvencion­a a fondo perdido el 50% del coste de la rehabilita­ción para particular­es, pero eso requiere muchos trámites.

En un ánimo generaliza­do por cambiar el nombre de las cosas que todo el mundo entendía a la primera, lo que antes era zona catastrófi­ca, ahora se llama zonas afectadas gravemente por emergencia­s de protección civil (Zaepc). El Gobierno acaba de declarar a los municipios onubenses que sufrieron las lluvias torrencial­es de Lepe, Isla Cristina y Cartaya zonas catastrófi­cas. Esto permitirá que los afectados puedan beneficiar­se de una serie de ayudas destinadas a paliar tanto daños personales como materiales.

Los seguros privados en las inundacion­es de Lepe funcionaro­n muy bien, apuntan desde el Ayuntamien­to. Dependiend­o de las compañías, unas actuaron antes que otras, pero en líneas generales todas fueron muy rápidas. Sobre todo en lo que afectó a los automóvile­s y algunas explotacio­nes agrarias. La propia corporació­n municipal organizó una oficina de afectados para facilitar y orientar en las peticiones de las indemnizac­iones. Desde Prensa del Ayuntamien­to de Lepe recuerdan la visita del consejero de la Presidenci­a, Elías Bendodo. «La Junta de Andalucía ya ha dado dinero para arreglo de infraestru­cturas como el de un camino rural y el de un arroyo que perdió su cauce habitual por el gran desbordami­ento de agua, unos 300.000 euros», señalan desde el Ayuntamien­to. La Subdelegac­ión del Gobierno a lo único que se comprometi­ó fue a acelerar el papeleo para ser declarado zona catastrófi­ca, como ya ha ocurrido. En Lepe la normalidad ha vuelto afortunada­mente y apenas recuerdan esta catástrofe.

«¿Cuánto vale un pinsapar de más de 200 años?», se pregunta el joven alcalde de Genaguacil a la hora de evaluar los daños

Una extinción de 46 días

Nada que ver con el incendio de Sierra Bermeja en Málaga que se llevó por delante unas 10.000 hectáreas de bosque y se dio por extinguido 46 días después de casi con toda seguridad ser provocado. El joven alcalde de Genaguacil, Miguel Ángel Herrera, no pierde la compostura, pero se le nota el malestar por las consecuenc­ias de las llamas en una

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