OPACIDAD SOBRE LA EUTANASIA
Es una contradicción dramática que el Gobierno haga campaña por la salud mental y alerte contra el suicidio mientras jalea la eutanasia
EDITORIALES
Alos seis meses de su entrada en vigor, no existen datos completos sobre la aplicación de la ley de eutanasia. La falta de información oficial por parte del Gobierno y de muchas comunidades autónomas choca con el supuesto clamor social que impulsaba la aprobación de la ley. ABC ha tenido acceso a los datos de diez regiones, que sirven para extraer conclusiones provisionales sobre la repercusión real de esta ley en la vida de miles de ciudadanos que sufren esa ‘enfermedad grave e incurable’ o ese ‘padecimiento grave, crónico e imposibilitante’ que describe la norma. Hasta el momento, medio centenar de enfermos se han acogido a su derecho a obtener ayuda para morir, que así es como se describe legalmente la eutanasia. Mayoritariamente sufrían enfermedades neurodegenerativas y oncológicas. Más de la mitad de las solicitudes se han registrado en dos comunidades, el País Vasco y Cataluña, que suman también el 74 por ciento de las eutanasias practicadas. Hubo solicitantes que fallecieron mientras se tramitaban sus peticiones y a otros les fueron denegadas por no cumplir los requisitos legales.
Son datos parciales que tendrán un significado más preciso cuando todas las comunidades remitan sus datos al Ministerio de Sanidad y permitan conocer el cuadro de situación de la eutanasia en sus primeros meses de aplicación. En todo caso, las cifras provisionales de 2021 no están a la altura de los mensajes políticos que acompañaron la gestación y aprobación de la ley de eutanasia. Tampoco sirve de coartada a sus defensores que haya un boicot por parte de médicos y sanitarios objetores, porque ningún dato permite afirmar tal cosa. Lo que sí resulta evidente es que la política del Gobierno en materia de eutanasia, lo mismo que con el aborto, se caracteriza por la negativa consciente a ofrecer alternativas al enfermo incurable. La muerte provocada, como única salida ‘digna’, elevada a la condición de derecho subjetivo. Triste avance –o retroceso, mejor dicho– en el desarrollo cívico.
Mientras la ciencia médica muestra día tras día su capacidad para diagnosticar, combatir y curar enfermedades, la propuesta del Gobierno es apagar cualquier luz de esperanza en la vida de los enfermos y, también hay que decirlo, de los ancianos. En países como Bélgica, donde se apuesta firmemente por los cuidados paliativos, el recurso a la eutanasia cae a mínimos, a diferencia de Holanda, por ejemplo, donde la atención paliativa es casi inexistente. Como en España.
Por otro lado, es una contradicción dramática que el Gobierno haga campaña por la salud mental de los ciudadanos–tan afectada por la pandemia a causa de los confinamientos, de la soledad y de la pérdida de familiares o de empleo– y alerte contra el suicidio mientras jalea la eutanasia a lomos de conceptos tan indeterminados como un ‘padecimiento grave, crónico e imposibilitante’. Acumular adjetivos a un sustantivo no lo hacen más preciso o inequívoco. Muchas veces el efecto conseguido es el contrario. Cuando arrecian las depresiones, los cuadros de ansiedad o las pulsiones suicidas, las instituciones públicas están más obligadas que nunca a dar prioridad a la vida en sus mensajes a los ciudadanos. La propaganda de la eutanasia como liberación impacta de forma genérica en las personas con problemas graves, que no se detienen en leer el Boletín Oficial del Estado y se quedan con los quince segundos de mensaje gubernamental que le dice que tiene derecho a que otro le quite la vida. Con estas propuestas, la sociedad pierde la esperanza.