Las víctimas del terrorismo: «Es una vergüenza. Y el Gobierno sigue sin hacer nada»
Las asociaciones de víctimas, en un nuevo intento por frenar los actos convocados por la red de apoyo a los presos de ETA, Sare, para este 8 de enero en favor de los terroristas, volvieron a solicitar ante la Audiencia Nacional la prohibición de las manifestaciones, por constituir un presunto delito de «enaltecimiento al terrorismo y humillación a las víctimas».
Desde la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (Apavt), denunciarion ayer que el Gobierno «siga sin hacer nada, como ya pasó en Mondragrón y en Pamplona la pasada Nochevieja» para evitar estos actos y piden que se cumpla le ley. «Es una vergüenza», denunció Miguel Folguera, presidente de la Apavt, quien pide el cumplimiento del artículo 61 de la ley 29/2011. Este artículo recoge la defensa de la diginidad de las víctimas y prohíbe la exaltación pública del terrorismo.
«El objetivo (de los actos del sábado) no es otro que ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA, o por la realización de acciones terroristas que han causado un gran número de asesinados y heridos a los largo del sangriento historial criminal de la banda», señaló Apavt.
La Asociación Dignidad y Justicia, remarca que estas manifestaciones de honor a los presos y de demandas de amnistía y excarcelación, suponen una doble victimización. «La humillación a las víctimas es algo palmario», denunció Daniel Portero, presidente de la asociación. «Solo quieren ver el delito de enaltecimiento del terrorismo y se olvidan de la humillación constante que suponen estos actos donde se nos rompe el corazón, donde la sociedad vasca enferma sale a aclamar a los que nos destrazaron la vida» apuntó. En estos actos, según las víctimas, en el fondo «subyace una reivindicación de excarcelación de los presos que, no olvidemos, cumplen condenas por gravísimos delitos».
Ya la semana pasada, la Fiscalía de la AN se opuso a prohibir los actos de Mondragón y Pamplona, al estar amparados, según el juez, por la libertad de expresión. Esta es la misma línea que defiende el Colectivo de Víctimas el Terrorismo (Covite), que preside Consuelo Ordóñez, y que enmarca también dentro de la libertad de expresión estas demandas sobre la política penitenciara, «pero siempre que se les llame lo que son: asesinos, no presos políticos», apuntilló Ordóñez.