Un camino incierto
El paso de la reforma laboral por el Congreso es el problema político que define la continuidad del Gobierno
El asunto más quemante que está sobre la mesa del presidente del Gobierno no es Garzón, ni el tortazo que se dibuja en las elecciones de Castilla y León, ni la estrategia de ‘gripalización’ de la pandemia, sino el del paso de la reforma laboral por el Parlamento. El exvicepresidente Pablo Iglesias, ahora tertuliano, estuvo el martes en la CEOE en un desayuno de trabajo con empresarios que siguen un curso de liderazgo y ahí subrayó que la negociación para conseguir su aprobación en el Congreso es muy compleja. Iglesias expresó que Unidas Podemos es partidario de que la respalde el bloque Frankenstein’ que apoyó la investidura y que no en balde es obra suya.
La reforma no gusta en el PNV y en ERC, que quieren la primacía del convenio autonómico. Tampoco satisface en Podemos, pero se aguantan. El incidente Garzón se ha superpuesto a esta tensión entre los socios de coalición y hasta la enmascara.
En diciembre, Calviño prometió a la patronal que el Gobierno usaría su mayoría para «proteger el acuerdo» en el Congreso. Este lunes, les ha dicho que quizá haya que hacer unos pequeños cambios para aprobarla. En La Moncloa se le ha ordenado al ministro de la Presidencia que se vuelque en el asunto, fragüe un acuerdo con el bloque de investidura y no se distraiga con los ofrecimientos de Ciudadanos. Pepe Álvarez, de UGT, le ha echado una mano afirmando que los partidos deberían convalidar el decreto sin más porque los diputados no podrán mejorar el acuerdo de los agentes sociales. Pero es difícil que Sánchez pueda sacar adelante la convalidación sin aceptar su tramitación como proyecto de ley. Esto introduce una gran incertidumbre porque mayorías circunstanciales podrían entusiasmarse con la idea de derogar de verdad y no sólo nominalmente la reforma del PP o introducir rigideces que la Comisión Europea considere inadmisibles.
Una eventualidad así no sólo irritaría a la CEOE, sino también a Bruselas, que podría adoptar medidas sobre los fondos europeos. Y esto pone de manifiesto uno de los vicios de este Gobierno que ha sido la postergación del Parlamento. Sánchez no quiso que el acuerdo con la Comisión se radicara en la sede de la soberanía nacional, pese a que su despliegue es de más de una legislatura, y prefirió controlarlo desde La Moncloa. Cuando se admitió la tramitación como ley del decreto de los fondos europeos de diciembre de 2020, se le prometió al Parlamento que éste examinaría todas las normas, como es lógico, pero no se les dijo que la tramitación se alargaría con diversas artimañas de las que Podemos y el PSOE han sido cómplices: en diciembre se aprobó la 38ª ampliación consecutiva de un plazo de enmiendas que empezó el 2 de febrero de 2021. En la práctica, los fondos europeos siguen regulados por un decreto del Ejecutivo. El mismo truco podría usarse con la reforma laboral y mantener en el limbo un proyecto hasta que terminara la legislatura y acabara decayendo.
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