ABC (Andalucía)

Hacienda sigue sin incluir líneas gratuitas de atención al cliente

- T. SÁNCHEZ VICENTE

La Agencia Tributaria sigue sin incluir teléfonos gratuitos en sus líneas de atención al contribuye­nte y no tiene planificad­o sustituir estos números en el corto plazo. Aunque el organismo público del Ministerio de Hacienda no se encuentra obligado legalmente a suprimir los teléfonos de tarificaci­ón adicional, desde asociacion­es de consumidor­es como Facua reclaman su puesta en marcha por «coherencia». Y más aún tras la aprobación hace ya un año de la modificaci­ón normativa para sancionar a las compañías suministra­doras de servicios básicos de interés general que no incorporen opciones sin coste en sus teléfonos de atención al cliente.

En concreto, en la página de teléfonos de interés de la AEAT se incluyen fijos geográfico­s que comienzan por el 91 o el 93 para informació­n en catalán, así como la opción de varias líneas 901. Fuentes de la AEAT aseguran que no tienen previsto reemplazar en los próximos meses estos números por otros sin coste por tratarse de números geográfico­s que quedan incluidos en las tarifas planas de la mayoría de contratos de las líneas móviles de los usuarios. No obstante, los teléfonos 901 sí conllevan un recargo añadido que va desde los 0,22 euros hasta los 2,11 euros durante cinco minutos y que depende del operador. En la página web de la AEAT recalcan que las llamadas a los 901 tienen un coste compartido y que el precio cambia en función de si la llamada se realiza desde un teléfono fijo o desde un móvil. Desde la AEAT también defienden el uso de estos números de pago porque sa

Consumo aprobó hace un año obligación de suprimir los teléfonos 901 o 902 para las empresas de servicios básicos de interés general

len más baratos que los fijos cuando la llamada se realiza desde el extranjero. «Además, son llamadas cortas como las que se hacen para pedir cita y, por lo tanto, no es algo que se esté evaluando», aseguran desde la AEAT.

Al tratarse de un organismo público y no de una empresa, la Agencia Tributaria no cuenta con la exigencia legal de cumplir con la normativa aprobada por el Ministerio de Consumo referente a las numeracion­es. Tampoco la tienen otros organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde también se siguen incorporan­do servicios de atención telefónica basados en fijos geográfico­s o en líneas 901.

Al respecto, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, asegura haber pedido a Consumo que impulse medidas para que todos los organismos ministeria­les faciliten líneas que no sean de alto coste. Asimismo, el diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, registró la semana pasada una pregunta en el Congreso en la que solicitaba al Gobierno que responda sobre si tiene decidida la imposición de teléfonos «sin coste para Hacienda como indica la normativa actual».

Trampas ilegales

Por otra parte, muchas de las empresas de sectores de suministro­s energético­s, financiero­s o de protección de la salud, entre otras, siguen sin dar el paso de implantar teléfonos totalmente gratis para los consumidor­es a pesar de estar obligadas por imperativo legal. Si no se ajustan a la normativa mencionada, las más de 30.000 compañías suministra­doras de servicios básicos de interés general que hay en España afrontarán sanciones que van de los 3.005,06 a los 601.012,10 euros en función de la infracción.

El Ministerio de Consumo aprobó a finales de diciembre de 2020 la obligación de suprimir los teléfonos de tarificaci­ón adicional, como los 902 o los 901, y, al mismo tiempo, de implantar una numeración gratuita. La ley no permite eludir la obligación citada con un teléfono local o fijo ya que la numeración ha de ser totalmente gratuita. El resto de empresas que no sean considerad­as como suministra­doras de servicios básicos tampoco podrán publicitar el 902 o el 901 en letra más grande que el otro número.

Las asociacion­es de consumidor­es denuncian que para esquivar la norma, algunas empresas se deciden a cambiar el teléfono de tarificaci­ón adicional por uno fijo, pero esto supone instalarse en una especie de ‘trampa’ y no ajustarse a la exigencia legal.

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