El Supremo de EE.UU. prohíbe la vacuna obligatoria en empresas
∑ Aun así permite a Biden que imponga la inoculación a 17 millones de sanitarios
La Corte Suprema de Estados Unidos impidió ayer a la Casa Blanca forzar a las empresas de más de cien empleados a que obliguen a todos a vacunarse o se hagan pruebas de detección de coronavirus cada semana y lleven mascarilla obligatoria en sus puestos de trabajo. Aun así, los jueces permiten a la Administración de Joe Biden que obligue a los empleados del sector sanitario a que se vacunen.
Más de 208 millones de estadounidenses, el 63% de la población, están completamente vacunados, y más de un tercio de ellos han recibido una tercera dosis de Moderna o Pfizer, según la agencia federal para el Control y la Prevención de Enfermedades. Entre los vacunados se encuentran los nueve jueces del Supremo.
Las partes en litigio hicieron sus alegatos ante el Supremo la semana pasada. La Casa Blanca razonó que esta medida era necesaria para vacunar a toda la población y poner fin a la pandemia. Grupos privados de empresas y 27 estados gobernados por los republicanos llevaron al Gobierno a los tribunales, pero una corte federal reafirmó la decisión de la Casa Blanca. Los demandantes apelaron.
Según la decisión del Supremo, el Congreso no le dio al Ejecutivo permiso para «requerir la vacunación de 84 millones de estadounidenses, seleccionados simplemente porque trabajan para empleadores con más de 100 empleados».
La mayoría de la Corte, que es conservadora, ha fallado que la Administración Biden se extralimitó en su mandato sobre las empresas privadas, que hubiera afectado a unos 84 millones de personas en un país de 320 millones de habitantes. Los tres magistrados considerados progresistas se han opuesto a sus seis compañeros conservadores emitiendo un voto particular.
Los conservadores creen que el Ejecutivo no tiene la potestad de aprobar esos mandatos, ya que no lo ha hecho el Capitolio al aprobar una medida después de otra para tratar de poner coto a las infecciones. Sin una ley que permita esos mandatos, la presidencia se ha extralimitado, opinan los jueces en su mayoría. Los progresistas replicaron que es precisamente el Ejecutivo el brazo del Gobierno que debe intervenir en las emergencias sanitarias como esta.
La Casa Blanca ya preveía una serie de recursos que llegarían al Supremo, y mientras ha estado en vigor este mandato, desde noviembre, se han vacunado cientos de miles de empleados. A su favor se mantiene la obligatoriedad de vacunarse para los profesionales sanitarios en todo el país que reciban algún tipo de subsidio o ayuda pública.
El mandato sanitario afecta a unos 76.000 centros de salud y hospitales con 17 millones de empleados, y contempla excepciones por razones de conciencia y religiosas. En el caso de los profesionales sanitarios se opusieron los cuatro jueces conservadores Neil M. Gorsuch, Amy Coney Barrett, Clarence Thomas y Samuel Alito. Mantienen que el Ejecutivo no puede arrogarse poderes que no le ha conferido el Capitolio y que esos mandatos deben surgir de leyes aprobadas antes.