La dueña de Acyco, primera empresaria con pena de prisión por beneficiarse del fondo

► Encarnación Poto se incluyó como en la lista de prejubilados de su propia sociedad

La sentencia del caso del ERE de Acyco, además de reiterar las graves irregularidades en la concesión arbitraria de las ayudas a empresas por parte de la Junta, deja una novedad y es la primera empresaria condenada por beneficiarse de los millones repartidos por la Consejería de Empleo del ‘fondo de reptiles’.

En la primera pieza fueron condenados altos cargos de la Junta en la etapa socialista, con Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza. Todos eran políticos. Sin embargo, con Encarnación Poto, dueña y presidenta del consejo de administración de Aceitunas y Conservas (Acyco), se abre la lista de empresarios condenados. En este caso, como cooperadora necesaria del delito de prevaricación y falsedad documental en concurso medial con malversación.

La Audiencia le ha impuesto a Poto, militante de la UGT y del PSOE «a nivel local», la pena de cinco años de cárcel, siete de inhabilitación e indemnizar a la Junta con más de tres millones, de forma solidaria con el resto de condenados. Pero la empresaria no se conformó con recibir en 2003 una ayuda millonaria de la Junta para pagar con fondos públicos la prejubilación de un grupo de trabajadores de Acyco, que tenía que haber sido afrontado con fondos de la sociedad mercantil, sino además se incluyó en la lista de los prejubilados para cobrar la ayuda sociolaborales, a pesar de que siguió vinculada al consejo de administración de la empresa de Dos Hermanas, como presidenta de este órgano, hasta 2011. «Nadie me puso pegas», confesó la acusada en el juicio en relación a cobrar la ayuda y como presidenta.

Además, este segundo juicio de la macrocausa de corrupción de los ERE el tribunal asume las tesis de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de que las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo eran a empresas. «La ayuda a Acyco, que cuantifica en 3.529.389,26 euros, pudiera constituir una subvención a la empresa y no a los trabajadores, ya que la obligación de pago legalmente corresponde a ésta al derivar de compromisos asumidos durante el proceso de extinción de la relación laboral de sus trabajadores. Por ello, la Junta se habría hecho cargo del pago de obligaciones propias de la empresa». Éste párrafo pertenece al informe de la IGAE ratificado en el juicio.

Pagos indebidos

En varias ocasiones, los tres magistrados señalan en su sentencia que la Consejería de Empleo asumía los compromisos de la empresa Acyco con el pago de esas ayudas. Así indica que el compromiso adoptado por el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero (fallecido), con el conocimiento y aprobación del entonces viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, de abono de una ayuda a Acyco que englobaba el pago de unas pólizas de renta de supervivencia para prejubilados en beneficio de los mismos y de dicha empresa, en cuanto quedaba liberada de sus obligaciones laborales para con los trabajadores despedidos».

Con los tres millones de euros concedidos por Empleo, Acyco y sus socios mayoritarios no tuvieron que pagar cantidad alguna de las indemnizaciones pactadas a favor de los trabajadores acogidos al ERE, sino que todo el procedimiento se sufragó con fondos públicos, incluso algunas facturas falsas. El pago de las pólizas de renta colectiva por parte de la Junta las «autorizó» Guerrero «sin que existiera previa solicitud formal» de Acyco, ni se dictara resolución alguna que justificara la subvención que se otorgaba a la empresa aceitunera, «evidenciando la connivencia existente entre los acusados para obtener un beneficio económico a costa del erario público, asumiéndose por la Junta unos compromiso que correspondían a la empresa», explica el tribunal.

El tribunal impone a Encarnación Poto cinco años de cárcel como cooperadora necesaria para prevaricar

La Audiencia asume las tesis de la Intervención General del Estado de que las ayudas de los ERE eran para empresas