El Consejo de Estado carga contra el caos en el trámite de las reformas
► Censura las prisas de última hora a la hora de tramitar las leyes y afea los desplantes al CES o al Banco de España ► Critica al Gobierno por dar plazos exiguos a los órganos consultivos para emitir sus informes sobre las normas
Las prisas al Consejo de Estado «Se está ante una reforma de calado que hubiera merecido unos tiempos más pausados para su consideración y análisis»
El desplante al CES «El procedimiento no es el adecuado y ha tenido que pronunciarse sobre un texto no definitivo»
Feo al Banco de España «No debería habérsele solicitado su conformidad, sino informe preceptivo y debería habérsele consultado»
El Gobierno comunicó a finales del mes de noviembre que había decidido celebrar consejos de ministros extraordinarios los viernes del mes de diciembre para apretar el acelerador de las reformas e impulsar la recuperación económica. El anuncio marcó el inicio de un corto pero intenso periodo de actividad durante el cual buena parte de los ministros del Gobierno fueron desfilando martes y viernes por la sala de prensa de La Moncloa para dar lustre a las reformas que habían venido trabajando a lo largo de todo el año.
El periodo fue especialmente intenso para el Ministerio de Asuntos Económicos, que en cosa de tres semanas presentó un puñado de reformas estructurales que los afectados esperaban con ansiedad desde meses atrás: la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, la ley de ‘startups’, la reforma concursal y la Ley General de Telecomunicaciones. Los informes preceptivos emitidos por el Consejo de Estado sobre algunas de esas leyes, que acaban de hacerse públicos, han revelado que el mimo con el que el ministerio cuidó su presentación no fue tal a la hora de tramitar algunas de esas normas.
Feos al CES y al supervisor
Un ejemplo es la tramitación de la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, el proyecto de ley aprobado el pasado 30 de noviembre que según el Ejecutivo va a permitir crear empresas por tan solo un euro y que según el relato gubernamental va a remover los obstáculos que impiden que las empresas ganen tamaño en España.
El informe del Consejo de Estado sobre la norma retrata una tramitación caótica, que no se acompaña de informes que son preceptivos, ignora a actores directamente afectados por la reforma legal y presenta para informe de los órganos consultivos textos no definitivos que luego se modifican en aspectos relevantes.
El Consejo es particularmente crítico con el trato dispensado por el ministerio a lo largo de la tramitación a instituciones como el Consejo Económico y Social (CES), el Banco de España o el propio Consejo de Estado. Reprende al departamento dirigido por Nadia Calviño por presentar a informe del CES un texto provisional y obliga al órgano consultivo a «pronunciarse sobre un texto no definitivo».
También destaca el desplante realizado al Banco de España, al que Economía solo contactó una vez y para pedirle su conformidad con el proyecto como si fuera un departamento interno del ministerio, cuando, subraya el Consejo de Estado, el rol de la institución no es visar los proyectos legislativos del Gobierno sino analizarlos, evaluarlos y emitir un preceptivo informe. El episodio tensó tanto la relación institucional que el informe del Consejo de Estado da cuenta de que el Banco de España se dirigió al ministerio para literalmente rogarle que reconsiderara el régimen de colaboración de la institución en el proceso de reformas legislativas.
Los descuidos del ministerio en la tramitación de la norma dificultaron asimismo el cumplimiento de la función constitucional del Consejo de Estado, llamado a dictaminar determinadas normas gubernamentales para acreditar su encaje en la Constitución, en el resto del ordenamiento jurídico y en el adecuado funcionamiento de la Administración Pública.
Las prisas de última hora
Una tarea fundamental para la que el Gobierno dio al Consejo de Estado un plazo inferior a diez días. Y no solo ocurrió con la bautizada como ‘ley crea y crece’, una denominación también cuestionada por el Consejo por observar más su proyección comercial que su rigor jurídico, sino también con el dictamen de la aún más compleja ley de reforma concursal. El órgano con
sultivo señala ese plazo como «insuficiente» y advierte que en estas condiciones sus dictámenes «no han podido prepararse en las condiciones adecuadas».
Las prisas de última hora del Gobierno a la hora de requerir los informes preceptivos para poder aprobar sus reformas legales en Consejo de Ministros no solo minimizaron el tiempo disponible para emitir los dictámenes sino que también hicieron que estos se formularan sin disponer de los informes necesarios, como los emitidos por el Consejo General del Poder Judicial. Dichos informes o se incorporaron a última hora o no se recibieron antes de la emisión del dictamen del Consejo de Estado, abriendo un punto de incertidumbre jurídica preocupante.
El órgano constitucional presidido por la exvicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, reprende de forma implícita al Gobierno por no proporcionar a los actores que deben participar en la tramitación de las leyes el tiempo necesario que requerirían normas de tal calado y le insta a planificar mejor en el futuro la tramitación para impedir que estos episodios vuelvan a repetirse.
El organismo observa que el modo de llevar la aprobación de estas reformas refleja la precipitación del Gobierno y entiende que alcanza a la conformación de las propias normas en las que aprecia lagunas jurídicas y omisiones poco comprensibles. En este sentido, afea que las memorias de impacto que se acompañan a las normas no especifiquen de forma precisa los objetivos concretos que se pretenden conseguir y se limiten a valorar los efectos positivos genéricos que pueden tener, en un contexto en el que Bruselas exigirá el cumplimiento de hitos concretos.