Las muertes achican el banquillo de la corrupción
∑Diecisiete investigados han fallecido antes de ir a juicio por la macrocausa de los ERE, que ahora cumple 11 años ∑A Guerrero, protagonista de la trama, se han unido intrusos y empresarios; uno de los implicados fue asesinado
Los decesos del caso ERE van a aumentar porque el centenar de piezas abiertas tardará una década en enjuiciarse
El próximo 19 de enero se cumplirán once años desde que la juez sevillana Mercedes Alaya inició la instrucción del caso ERE. Hubo que esperar casi nueve años para que unas diligencias previas por las que casi nadie daba un céntimo –salvo «unos pocos incansables», como dejó escrito la magistrada– se saldaran con una sentencia de la Audiencia de Sevilla. En once años de tsunami procesal sólo se ha juzgado dos piezas de un macrosumario troceado en 138 partes, tantas como empresas tocadas con la varita mágica del fondo autonómico de ayudas entre 2000 y 2010. En todo este tiempo se han sucedido los jueces, las recusaciones, los archivos, las prescripciones, los recursos y las dilaciones. También las muertes, como es ley de vida, que han ido encogiendo el banquillo de los acusados y la lista de investigados por la trama de corrupción que anidó en la Junta de Andalucía durante una década.
La Audiencia de Sevilla condenó a la antigua cúpula de los gobiernos del PSOE, con los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza, por montar el sistema de ayudas que repartió 680 millones de euros entre empresas y personas afines que pertenecían a su exclusivo club de acceso restringido.
Pero la mayoría de investigados (superaron los 500 en los inicios de la instrucción) no ha tenido juicio ni sentencia. Y tampoco lo van a tener porque han fallecido antes de ser acusados, en la mayoría de los casos, o juzgados. Según el recuento de ABC, hasta 17 encausados han muerto antes de sentarse en el banquillo. Al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga este sumario, le constan nueve defunciones, ya que algunos expiraron antes de declarar o de ser llamados a la causa como imputados. Otras veces no le notificaron el deceso. Lo que es seguro es que la lista seguirá creciendo porque se tardará como mínimo una década en celebrar los juicios de las piezas pendientes, auguran letrados del proceso. A medida que el juez José Ignacio Vilaplana vaya dictando autos de apertura de juicio oral, la bola de nieve se hará más y más grande. La avalancha de juicios que se avecina amenaza con colapsar la Audiencia ante la escasez de magistrados y la precariedad de medios.
El último nombre que se ha unido al obituario de los ERE se fue a la tumba esperando la sentencia. Fue Andrés Carrasco Muñoz, el churrero de El Pedroso que en 2020 se sentó en el banquillo por las ayudas de la Junta a la empresa Aceitunas y Conservas Acyco, cuyo fallo se conoció este viernes.
El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, exalcalde de este pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, Francisco Javier Guerrero, le arregló los papeles para darle una paga en el año 2003, cuando su paisano acababa de separarse de su mujer y su economía hacía aguas por todas partes. Guerrero, que repartía el dinero público sin control, lo incluyó en un expediente de regulación de empleo tramitado por la citada compañía, donde no había trabajado. Además, coló a un segundo intruso: el exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez, que recibió sepultura en 2010.
Antes de la apertura de la macrocausa también había dejado este mundo el exgobernador civil por el PSOE en Cádiz César Braña, al que su «amigo» Juan Lanzas, que se ganaba la vida como conseguidor de ayudas, había embarcado como ‘polizón’ en el ERE de la empresa malagueña Hitemasa.
El taquillero de la piscina
Once años de instrucción son una eternidad. El 11 de octubre de 2020, la parca apagó la vida de uno de los principales protagonistas de la trama. Una neumonía se llevó para siempre, a sus 63 años, a Francisco Javier Guerrero.
El ‘banquero’ del inagotable «fondo de reptiles», el «tipo jovial» que distribuía ayudas en el reservado de un bar de copas y que pasó varios meses en la cárcel jugando al ajedrez, escribiendo poesía y leyendo a Kafka, no ha vivido lo suficiente para conocer si el Supremo confirma su condena. En diciembre de 2010 empezó a tirar de la manta. Durante la investigación del caso Mercasevilla, Guerrero declaró a la Policía Judicial que la Junta disponía de «un fondo de reptiles para crisis que tenían que afrontar empresas que necesitaban respirar». En el juicio se retractó de aquellas palabras. Con su muerte, se ha extinguido su responsabilidad penal. Pero las «criaturas necesitadas», como llamaba a los intrusos a los que ayudó, continúan entrando y saliendo de los juzgados.
Al menos los que le han sobrevivido. Antes que Guerrero falleció Antonio Arquero García, minero retirado y extaquillero en la piscina de El Pedroso. Su amigo exdirector de la Junta le dio una paga de 449.981 euros. Él pensaba que era «por haber sido afectado por radiaciones por su profesión». Dedicó el dinero a quitarse la hipoteca de su casa en Sevilla. Luis Gálvez Frijol, intruso en el ERE de la empresa Springer Arteferro, en cambio, fue citado a declarar por error como investigado cuando llevaba un lustro muerto. Quien sí pudo pasar por el despacho de Alaya antes de dejar este mundo fue el exconcejal del PSOE de Camas José Antonio García Prieto, que cobró pólizas de tres empresas que no había pisado.
Otro exedil socialista de El Pedroso, José Enrique Rosendo, murió de un infarto a los 50 años en 2016. Imputado desde marzo de 2012, montó con el procesado José María Sayago un lucrativo entramado de empresas «pantalla» en la Sierra Norte que acaparó 34 millones de euros en ayudas. «Ninguna se dedicó a la promoción del empleo» en la comarca, precisó el juez Vilaplana.
Dos años después que su hijo, fue enterrado Rafael Rosendo, exalcalde socialista de El Pedroso, intruso en el ERE de la empresa Cydeplast, que le permitió cobrar una póliza de prejubilación de 109.750 euros. Hasta el día de su muerte defendió que aquella ayuda era legal. Antes de poder declarar en el juzgado fallecieron otros cuatro beneficiarios de ayudas en la Sierra Norte: Manuel Romero Álvarez, Manuel Fuentevilla, José Montesinos Cabrera y Eustaquio Reina Fernández.
El sindicalista y Ruiz Mateos
Antonio Márquez García, liberado sindical en la extinta Egmasa, tampoco tendrá que ir a juicio por defunción. Antes de morir, confesó a la Guardia Civil que durante año y medio estuvo en nómina de esta empresa de la Junta sin ir a trabajar. Egmasa lo incluyó luego en una póliza de prejubilación subvencionada con 120.000 euros.
En septiembre de 2015, dijo adiós a los 84 años el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz Mateos. El empresario expropiado en 1983, que solía acudir al juzgado madrileño disfrazado de Superman «justiciero», había sido imputado por Alaya en febrero de 2014. La juez le atribuyó un supuesto tráfico de influencias para obtener subvenciones autonómicas para financiar los ERE en el Hotel Cervantes de Torremolinos, la empresa Dhul y Bodega Bellavista.
El 31 de diciembre 2015 se sumó a la lista de decesos Francisco Mencía, exdirector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Año y medio antes, la Fiscalía había solicitado para él una fianza de 6,7 millones de euros.
Todos los investigados murieron por causas naturales, salvo Manuel Martín Ojeda, que fue asesinado. El exdelegado sindical en la empresa Tecnología Andaluza de Mecanizados y Componente, beneficiaria de ayudas para un ERE, estaba jubilado cuando su cadáver fue hallado dentro de un congelador de una heladería sevillana el 9 de enero de 2016. La heladera, que confesó el crimen, pena su culpa entre rejas.