UNA AGRESIÓN A LOS AUTÓNOMOS

Muchos trabajadores por cuenta propia se verán amenazados por la ruina si las cotizaciones y los gastos laborales se elevan tanto que deje de compensarles trabajar

E Slógico que buena parte de los más de tres millones de autónomos que hay en España hayan montado en cólera con el diseño de las nuevas cotizaciones que deben pagar desde este mes y hasta el año 2031. El ‘hachazo’ a las cuotas mensuales a la Seguridad Social es considerable, hasta el punto de que si el Gobierno impone sus tesis, muchos de ellos no solo las verán seriamente multiplicadas, sino que terminarán pagando al Estado hasta el 46 por ciento de sus ingresos. El maltrato al autónomo por parte del Ejecutivo es manifiesto. Desde este mismo mes, la cuota básica será de 294 euros frente a los 286 con los que concluyó en 2021, y la base mínima de cotización será de 960 euros mensuales. De esta manera y siendo realistas, solo una ínfima parte de los autónomos verá reducida su cuota de cotización, que es el mantra al que se aferra el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para sustentar su doble idea de que no todos los autónomos se verán castigados y de que pagarán proporcionalmente en función de sus ingresos.

Lo cierto es que entre el 80 y el 85 por ciento de estos trabajadores cotizan por la mínima, y que solo los autónomos que ganen menos de 600 euros al mes podrán ver reducida su cuota cada año en unos doce euros mensuales hasta 2031, cuando pagarían unos 183 euros. Sin embargo esa es la excepción de una realidad muy diferente porque es muy limitado el número de autónomos que cotiza con esas cifras de ingresos tan bajas. Objetivamente, la media de los trabajadores españoles por cuenta propia verá casi doblada su actual cotización en apenas cuatro años. Las previsiones del Gobierno establecen que un autónomo que ingrese 1.200 euros mensuales, por ejemplo –poco más de 800 netos–, tendrá que pagar cuotas mensuales de 352 euros desde ya: una subida de 66 euros al mes siendo un auténtico mileurista. Igualmente, uno que gane 1.800, pagará 535 mensuales, o sea, casi el doble de los 286 que pagaba hasta ahora. Y un autónomo con 4.000 euros de ingresos pagará en 2023 cerca 600 euros mensuales, pero en 2031 esa cantidad será de 1.266.

Se comprende la obsesión de Escrivá por cuadrar las cuentas y equilibrar la enorme deuda acumulada de la Seguridad Social, que asciende ya a más de 90.000 millones. Sin embargo, se entiende menos en un Gobierno que se dice de izquierdas en la medida en que la inmensa mayoría de autónomos son trabajadores que apenas cubren gastos con escasísimo beneficio. De nuevo, el castigo a una clase media que se va deshilachando. De nuevo, la criminalización del autónomo como si fuera un empresario usurero. Y de nuevo, la ceguera ante la evidencia de que penalizando al autónomo se penaliza el empleo. Nueve de cada diez empresas creadas por autónomos son pymes abocadas a asumir una compleja realidad según la cual pagará cada vez más dinero derivado de la subida del salario mínimo interprofesional, de los costes de producción en pleno periodo inflacionista, o del incremento constante de impuestos. El precio de tratar de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por esta vía es arriesgado, y muchos autónomos se verán amenazados por la ruina si deja de compensarles trabajar, bien porque la ganancia se le anula de facto, bien porque les quede «lo comido por lo servido». Esta obsesión impositiva del Gobierno es un lastre que, antes o después, contribuirá a empeorar más aún la economía sumergida, y con ella los ingresos del Estado. Cuidar al autónomo es cuidar la economía en España, pero el Gobierno no se da por aludido.