El Estado audita a los partidos con más de cuatro años de retraso
La acumulación de auditorías pendientes en el Tribunal de Cuentas (TCu) hace que la fiscalización de los partidos políticos arrastre más de cuatro años de retraso. El atasco suma y sigue. La limitación de recursos técnicos y humanos de este organismo, unido a los trámites que impone su normativa de funcionamiento y los protocolos de fiscalización, hacen que la inspección de las contabilidades de los partidos salgan con preocupante y abultada demora.
De esas auditorías depende el control de legalidad financiera y contable de formaciones que, de media, manejan más de 300 millones de euros al año. Y eso contando solo a la treintena de partidos con representación institucional, que es a los que alcanza en la práctica el Tribunal de Cuentas. Hay unos 4.900 partidos más, pero su escasa o nula relevancia pública hace que queden al margen del TCu. Obligado a dar prioridad a sus limitados recursos, este organismo se limita solo a los partidos que reciben subvenciones públicas.
Fuentes de la cúpula del TCu han reconocido que la demora con la que fiscaliza a las formaciones con presencia institucional es un problema. «Estamos en vías de buscarle solución», indicaron ayer. Son conscientes de que es preciso agilizar estas fiscalizaciones, que tienen por objeto velar por el cumplimiento de la legalidad contable y, por tanto, detectar las irregularidades cuanto antes.
Las últimas contabilidades de partidos políticos que ha auditado el TCu son las de 2016. Su informe de inspección vio la luz en julio de 2020. La fiscalización de las cuentas de los partidos del año 2017 aún no se ha llevado a cabo. A estas alturas, sigue en proceso. Mientras, aguardan turno en los cajones del TCu las contabilidades de los partidos de 2018, 2019 y 2020, a las que en breve se acumularán las de 2021.
Las mismas fuentes han indicado que, ante la falta de medios, optan por dar prioridad a la fiscalización de las cuentas electorales, los fondos manejados por las formaciones que concurren a comicios y perciben subvenciones públicas por ello. Es un ámbito que el TCu considera más sensible y urgente, porque esas auditorías no solo son necesarias para velar por el correcto abono de las subvenciones electorales sino, también, para vigilar que los partidos respetan los límites de gastos y la legalidad contable en las campañas. Es decir, supervisar el juego limpio en la competición electoral.