La maraña de intereses puede alargar años el caso Velintonia
Las alegaciones de herederos y la asociación complican el expediente BIP de la casa de Vicente Aleixandre El volantazo de las administraciones sobre el valor de la vivienda del poeta dará pie a que se judicialice el proceso
Desde la muerte de Vicente Aleixandre en 1984, Velintonia, la casa en la que vivió y lugar de reunión de la Generación del 27 y las sucesivas generaciones de poetas españoles, ha sido una de las asignaturas pendientes de las administraciones públicas: ese sitio emblemático de la literatura cayó en el olvido y la ruina, y hoy es una vivienda inhabitable, según los informes técnicos. En diciembre de 2021, la Comunidad de Madrid inició el procedimiento para declarar Bien de Interés Patrimonial (BIP) el hogar del Nobel, y así dotarlo por primera vez de protección oficial, tras varios intentos fallidos. Pero lo que no se ha arreglado en tres décadas no parece que se pueda solucionar en seis meses. ¿El motivo? Las alegaciones de las partes interesadas contra este procedimiento.
En este caso son tres las principales partes con derecho a réplica. La Asociación de Amigos de Aleixandre, dirigida por Alejandro Sanz, es una de ellas, y ya ha presentado sus reclamaciones. Rechazan la declaración BIP porque la consideran insuficiente. Esta figura, explican en su escrito, «permitiría alterar, modificar o destruir, aunque fuera parcialmente, el interior del bien, y también dar un uso al mítico inmueble contrario al que reclama su propia historia y naturaleza». Su intención es convertirla en casa de la poesía. A su juicio, «no se puede desnaturalizar lo que [Velintonia] simboliza, ni negar su justa y necesaria utilidad cultural pública con una protección, a todas luces, insuficiente y peligrosamente concesiva». Otorgarle el segundo nivel de protección patrimonial (BIP) en lugar del primero (BIC) «es permitir su destrucción».
También han confirmado su rechazo a esta medida los cuatro herederos de la rama Merlo, poseedores del cuarenta por ciento de Velintonia, que presentarán sus alegaciones en los próximos días. Ellos niegan que la casa en sí tenga valor cultural, dado que ni el archivo del poeta ni su biblioteca se encuentran allí. También la actual directora de Patrimonio Cultural de la región, Elena Hernando, señaló el 17 de noviembre de 2020 este hecho y afirmó en la Asamblea de Madrid que Velintonia tenía un «escaso valor arquitectónico» y que por eso no podía, con el marco jurídico vigente entonces (que es el mismo que el de hoy), protegerla como BIP o como BIC, una postura a la que llegaron tras diez años de «intenso» trabajo de los técnicos. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, declaró el domingo que su departamento se ha limitado a «agilizar» la petición que el Ejecutivo cursó en junio.
Subasta pública
Los herederos de la rama Merlo-Usera insisten en que Velintonia no tiene ningún valor cultural
Amaya Aleixandre afirma que lo importante es que las administraciones «aborden de forma seria y razonable la compra del inmueble»
Los Merlo-Usera recalcan, además, que la vivienda ya tiene protección urbanística al pertenecer a una de las colonias históricas de Madrid (la Colonia Parque Metropolitano), lo cual impide modificar la fachada del edificio, aunque hay libertad total para intervenir en el interior. Por último, recuerdan que el pasado mes de abril un juez ordenó la venta pública en subasta judicial de Velintonia, que se ejecutará cuando terminen algunos trámites burocráticos. Tanto ellos como los Amigos de Aleixandre prometen llevar sus reclamaciones hasta el Tribunal Supremo, si es necesario.
Amaya Aleixandre, propietaria del otro sesenta por ciento del chalé, no ha querido revelar si presentará o no alegaciones contra el expediente BIP de Velintonia, pero recalca que lo que ella
considera importante «es que las administraciones aborden de forma seria y razonable la compra del inmueble, contando para ello, como es lógico, con los dueños. Cualquier protección que quieran otorgar a esta casa debería ser posterior a su compra por parte de las administraciones». El Ministerio de Cultura ofreció en 2007 1,8 millones por el chalé, pero la familia pidió unos seis. Ahora está a la venta en Idealista por 4,7.
Proceso judicial
De momento, por tanto, dos de las tres partes implicadas ya han mostrado su rechazo a la declaración BIP. Ahora la Dirección General de Patrimonio tendrá que revisar sus alegaciones y decidir si las tiene o no en consideración, para lo que tiene un plazo de seis meses a contar desde diciembre. En caso de que las rechace, los implicados podrán recurrir a la vía judicial, por lo que esto podría tardar años en resolverse. Ahí tenemos el precedente del Teatro Albéniz, que apunta en esa dirección. Entonces fue la Plataforma de Ayuda al Albéniz quien, ante la negativa de la Comunidad de Madrid a declararlo BIC, recurrió a la vía administrativa. Interpuso primero un recurso de alzada, en 2007, y después acudió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en junio de 2011 obligó a la comunidad a incoar el expediente. El Supremo, un año después, ratificó que el teatro debía ser declarado BIC en la categoría de monumento. Todo el proceso judicial duró un lustro.
Fuentes del gobierno regional evitaron adelantar cuál será su postura cuando reciban las alegaciones de los interesados en el expediente relativo a la casa de Velintonia. Insistieron que se trata de un tema que corresponde a los técnicos y que serán ellos quienes, en base a las alegaciones y los informes, deban tomar una decisión. El 21 de enero concluirá el plazo para que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Real Academia de la Historia emitan sus informes preceptivos. Los herederos, que fueron notificados a finales de diciembre y primeros de enero, cuentan con unos días más de margen.
En otras ocasiones, cuando ha habido alegaciones, se han hecho encuentros entre los afectados para alcanzar un acuerdo, pero aquí los implicados defienden posturas opuestas, tal y como han manifestado más de una vez. Todo parece indicar que el embrollo se resolverá en los tribunales. Un documento interno del anterior equipo de Patrimonio ya advertía la complejidad de este caso: «Si se incoara [el expediente BIC, que era lo que se valoraba en 2017], los afectados que se consideren agraviados en sus derechos por la declaración plantearían que no se pueda declarar puesto que la vigente ley no recoge esta figura para este tipo de inmueble. Y sería recurrido no pudiendo ser declarado finalmente».