Un nuevo ingreso para la infancia sustituirá a la renta mínima
La Consejería de Igualdad quiere hacerlo compatible con el Ingreso Mínimo Vital del Estado Los beneficiarios podrán compaginar esta prestación con el empleo y otras ayudas hasta un límite máximo
El objetivo es que las familias andaluzas, sobre todo las que tienen hijos menores, puedan subsistir con unos ingresos mínimos que sean dignos y, sobre todo, accesibles. La Consejería de Igualdad está trabajando en la derogación de la Renta Mínima de Inserción, un ambicioso proyecto que Susana Díaz puso en marcha en 2018 y que ha sido un fracaso por la complicada tramitación, para implantar una nueva prestación social a la que va a denominar IPII, Ingreso por la Infancia y la Inclusión.
Se trata de una iniciativa ambiciosa que pretende cambiar el modelo actual de esta ayuda social y que nace con el objetivo de permanecer en el tiempo, más allá de este Gobierno en la Junta. Ahora llega el momento del diálogo y la negociación y está por ver si el Ejecutivo regional es capaz de consensuar este modelo social. La clave de este nuevo ingreso es superar las dificultades que ha tenido la renta mínima. Para garantizar que llegase a quienes realmente la necesitaban, la Junta estableció tantos requisitos que la han hecho inviable. Y los datos son claros, el 80% de las solicitudes de esta ayuda social tienen reparos y se han quedado en las delegaciones provinciales de Igualdad sin que los posibles beneficiarios las cobrasen, según los datos del Ministerio de Inclusión. Durante los meses más duros de la pandemia, la Consejería de Igualdad puso en marcha una prestación extrema de cinco meses de duración, pero también se acabó. Fue una venda para tapar una herida pero, una vez pasada la urgencia, quedó sin efecto.
El nuevo Ingreso por la Infancia y la Inclusión está pensado sobre todo para las familias o unidades de convivencia —aunque también podrán cobrarlo personas solas que no tengan recursos en unas condiciones que están por determinar— y será compatible con el cobro de otras ayudas, incluyendo el Ingreso Mínimo Vital del Estado, lo que no sucedía hasta ahora ya que ambas ayudas eran excluyentes. La Junta va a establecer un tope máximo de ingresos para una familia y, por debajo de ese umbral, se podrán cobrar todas las ayudas a las que se tenga derecho. Y, lo que es más relevante, será compatible con los ingresos laborales.
Hasta ahora, la renta mínima exigía que los beneficiarios estuviesen dados de alta en el SAE y fuesen demandantes de empleo, lo que suponía una doble desventaja, dejaba fuera a muchas personas que no podían demo strar que estaban buscando empleo y a quienes tenían trabajo con pocos ingresos que renunciaban a él o pasaban a la economía sumergida. Con este cambio se pretende incentivar el empleo y complementarlo con ayudas públicas cuando el salario sea muy bajo.
La normativa andaluza está a la espera de que termine de modificar el Ingreso Mínimo Vital del Estado ya que, al ser legislación básica, influirá en la nueva prestación en la que trabaja la Junta de Andalucía.
En principio, este nuevo ingreso tendrá una duración de un año, si bien se podrá alargar en el caso de que se den las circunstancias. Podrán beneficiarse los menores ex tutelados por la Junta, que hasta ahora no podían acceder a ayudas de este tipo. También podrán recibirlo personas de entre 18 y 22 años que tengan a su cargo menores o persona adultas con discapacidad o dependientes, discapacitados con un grado superior o igual al 33%, huérfanos de ambos progenitores, personas sin hogar con vecindad en la comunidad o víctimas de trata y violencia de género. Como forma excepcional, podrán
beneficiarse también algunos menores de 16 y 17 años emancipados que estén estudiando, algunas menores embarazadas y mayores de 65 años que tengan menores a su cargo por acogimiento.
El Presupuesto
El Gobierno andaluz no tiene presupuesto para este año 2022 porque no logró los apoyos suficientes en el Parlamento andaluz. Eso significa que trabaja con las cuentas prorrogadas del año anterior. Y en 2021, la Consejería de Igualdad disponía de 115 millones de euros para la renta mínima vital, un dinero que no se gastó en su totalidad por la complejidad burocrática que ahora se quiere superar.
Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, anunció en el Parlamento que destina una partida de 3,1 millones de euros para financiar distintos planes de choque de refuerzo de personal, incluidos los 47 profesionales de distintas categorías para la Oficina Técnica de Gestión de los Next Generation que tramitará y gestionará los proyectos europeos. Asimismo, se destinarán fondos para sistemas de información enfocados a la automatización de procesos, con la vista puesta en el volumen y complejidad de la tramitación de la Renta Mínima.
En este escenario, Igualdad dispone de esos 115 millones de euros para hacer frente a este nuevo ingreso que podría entrar en vigor a mediados de año si se logra el acuerdo y al margen de las elecciones autonómicas.