El juez del caso Gali interrogará al jefe policial de Marlaska y acecha al ministro
▶ El instructor llama a declarar al director adjunto operativo de la Policía
El juez del caso Gali, el magistrado zaragozano Rafael Lasala, sigue estrechando el cerco al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la operación clandestina que desplegó el Gobierno en abril para introducir clandestinamente en España al líder del Frente Polisario, el saharaui Brahim Gali, lo que desencadenó una crisis diplomática con Marruecos. En aquella operación el juez ha visto indicios delictivos por prevaricación, encubrimiento y falsedad documental. Para avanzar en sus pesquisas, ahora el juez Lasala ha llamado a declarar al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González Jiménez. Es el máximo jefe policial en la cúpula del ministro Marlaska. El DAO es el máximo mando operativo de la Policía, situado inmediatamente bajo la dirección política del Ministerio.
La Audiencia Nacional buscaba a Gali por estar incurso en diligencias por genocidio, terrorismo y torturas, entre otros delitos. Pero, cuando la cúpula policial supo que estaba furtivamente en España, en vez de comunicárselo al juez que lo buscaba, Santiago Pedraz, desplegó un dispositivo de escolta y seguridad para cubrir la entrada y estancia de Gali.
La estrategia del juez Lasala trata de abarcar las múltiples ramas de este caso: alcanzan a los ministerios de Asuntos Exteriores –que coordinó la entrada clandestina de Gali–, Defensa –que participó con el Ejército del Aire, ya que Gali entró de tapadillo por la Base Aérea de Zaragoza– e Interior, que facilitó seguridad y escolta al líder del Polisario. Y todo ello, además, con el presidente Pedro Sánchez en el punto de mira, protegido por el hermetismo de los imputados por esta operación clandestina: el ex jefe de gabinete de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino, y la exministra a la entonces ministra Arancha González Laya, que se ha negado a decirle al juez quién fue el máximo responsable de esa acogida clandestina de Gali, quién dio la orden en el Gobierno.
Hace semanas, el juez tomó declaración al comisario general de Información de la Policía, Eugenio Pereiro. Se le preguntó por la cobertura de seguridad que se desplegó para Gali. Dijo que él supo de la llegada furtiva del líder del Polisario, que se enteró antes de que entrara en España. Cuando se le pidió que explicara quién le informó de ello, Pereiro se limitó a indicar que se lo dijo un confidente. También afirmó que lo puso en conocimiento del DAO.
Espinosas incógnitas
La explicación abrió nuevas y comprometedoras incógnitas, que es en las que ahora va a incidir el juez Lasala. ¿Por qué la Policía, cuando supo que Gali estaba en España, en vez de comunicárselo a la Audiencia Nacional, que lo buscaba desde hacía semanas, desplegó un dispositivo para cubrir la entrada del líder del Polisario? Y, dado el calibre de la decisión, ¿quién fue el máximo responsable de ella? En un oficio tan breve como rotundo, la Comisaría General de la Policía Judicial ha confirmado al juez Lasala, por escrito, que nadie compartió con ellos que Gali estaba en España y que, por eso, no se lo pudieron trasladar a la Audiencia Nacional.
Esas delicadas cuestiones es sobre las que será preguntado, en calidad de testigo, el DAO de la Policía. Está llamado a declarar ante el juez del caso Gali el próximo 7 de diciembre, en calidad de testigo. El mismo día ha sido citado, también como testigo, otro alto mando policial. Se trata del inspector jefe del Grupo de la Comisaría General de Información, subordinado del comisario general Pereiro. Ese inspector jefe aparece en varios trámites clave en torno al caso Gali.