La Abogacía del Estado abandona la causa por los gastos del ‘procés’
▶ Imita a la Generalitat y renuncia a investigar el 1-O y las embajadas catalanas en el Tribunal de Cuentas
La Abogacía del Estado ha decidido apearse de la causa por la que el Tribunal del Cuentas (TCu) investiga las presuntas irregularidades cometidas por los independentistas catalanes para financiar el ‘procés’. Esa renuncia de los Servicios Jurídicos del Estado se consumó el pasado lunes, cuando vencía el plazo para que las distintas partes implicadas decidieran si se personaban definitivamente en esta causa, en la que el Tribunal de Cuentas analiza el desvío de fondos públicos gastados en el referéndum ilegal del 1-O y la promoción del proceso secesionista en el exterior desde 2011 a través de las ‘embajadas catalanas’ y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat). Es el mismo asunto por el que el Tribunal de Cuentas impuso el año pasado una fianza solidaria de 5,4 millones de euros a una treintena de líderes y altos cargos secesionistas, como los expresidentes Artur Mas y el fugado Carles Puigdemont o el exvicepresidente Oriol Junqueras, entre otros.
Según la Abogacía del Estado, ese desvío millonario de fondos públicos del que los secesionistas catalanes están acusados no habría afectado a los intereses de la Administración General, por lo que no se considera legitimada para participar en la fase de enjuiciamiento. Cabe recordar que durante el año pasado el Gobierno central inyectó más de 13.000 millones de euros a la Generalitat solo a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para paliar sus maltrechas arcas regionales y que, según ha avanzado ya, el Gobierno catalán prevé solicitar otros 12.600 millones durante este ejercicio. La misma Generalitat también ha renunciado a personarse en esta causa con la excusa de que no resultó perjudicada por ese presunto desvío de fondos públicos. Una postura que, desde la óptica secesionista, es perfectamente coherente, porque no en vano esas supuestas irregularidades las cometieron los principales líderes y altos cargos de los dos partidos que controlan la propia Generalitat (ERC y Junts).
Así, la Abogacía del Estado, que representa al Gobierno central, sigue los pasos de la Generalitat para desentenderse de este causa del Tribunal de Cuentas. Lo cierto es que ambas dieron pistas desde el principio de que eso es lo que terminarían haciendo antes de que se abriera la fase de enjuiciamiento, pues la Abogacía del Estado ya se inhibió sobre el polémico intento de la Generalitat de avalar a la treintena de acusados recurriendo a un organismo público como el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para asumir la fianza de 5,4 millones de euros.
De esta forma, a día de hoy solo permanecen en dicha causa Sociedad Civil Catalana y la Asociación Cívica y Cultural, además del Ministerio Fiscal, que será el último en pronunciarse si el resto de partes no terminan de concretar sus correspondientes demandas.
En caso de que la Fiscalía hiciera lo mismo que la Abogacía del Estado y la Generalitat, el Tribunal de Cuentas tendría que archivar esta investigación contra los líderes secesionistas acusados de aprovecharse de fondos públicos para financiar el proceso secesionistas: según el TCu, más de 4 millones de euros solo para organizar y celebrar el referéndum ilegal de 2017.