ABC (Andalucía)

Luz verde al bono de alquiler, tachado de insuficien­te e inocuo

- A. RAMÍREZ

El Gobierno aprobó ayer el bono alquiler destinado a jóvenes dotado con 200 millones de euros a cargo de los Presupuest­os Generales del Estado. Según explicó la ministra de Transporte­s, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se podrán solicitar las ayudas en un plazo de entre mes y medio y dos meses. Aunque Sánchez remarcó que las ayudas tendrán efecto retroactiv­o desde el uno de enero de 2022. De la medida se beneficiar­án 70.000 jóvenes, según el Gobierno.

Pese al triunfalis­mo del Ejecutivo, las plataforma­s de alquiler desconfían del éxito de esta medida. Según Idealista, «ayuda a crear nuevos problemas y tiene como principal consecuenc­ia el aumento directo de los precios y la generación de graves discrimina­ciones sobre los inquilinos con salarios ligerament­e superiores a estos». Por su parte, el consejo de la juventud de España tacha el bono de « insuficien­te e inocuo».

Como ya adelantó este periódico, al bono aprobado hoy en Consejo de Ministros podrán acceder durante dos años los jóvenes de hasta 35 años que no superen en ingresos anuales el triple del Iprem (24.318 euros anuales).

El acceso estará limitado a aquellos inquilinos que paguen un alquiler superior a los 600 euros, aunque las regiones que lo necesiten podrán ampliar el tope a los 900. Además, podrá complement­arse con otras ayudas, siempre que sean a cargo del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 aprobado también ayer.

Faltaban por conocerse algunos detalles de las condicione­s de acceso, sobre todo en el apartado del arrendamie­nto de habitacion­es. Según señaló la titular de Transporte­s, los inquilinos que tengan alquilada una habitación podrán verse beneficiad­os de hasta 250 euros al mes siempre que la renta mensual no supere los 300 euros.

Sin embargo, Transporte­s hará una excepción en aquellas zonas donde el alquiler sea más caro hasta fijar un tope de arrendamie­nto mensual de 450 euros, previo acuerdo entre ministerio y la comunidad autónoma donde se ubique el territorio afectado.

Para establecer una valoración de cada caso, el Ministerio creará una comisión de seguimient­o formada por miembros del propio departamen­to y representa­ntes de las comunidade­s autónomas para su estudio.

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