Luz verde al bono de alquiler, tachado de insuficiente e inocuo
El Gobierno aprobó ayer el bono alquiler destinado a jóvenes dotado con 200 millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Según explicó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se podrán solicitar las ayudas en un plazo de entre mes y medio y dos meses. Aunque Sánchez remarcó que las ayudas tendrán efecto retroactivo desde el uno de enero de 2022. De la medida se beneficiarán 70.000 jóvenes, según el Gobierno.
Pese al triunfalismo del Ejecutivo, las plataformas de alquiler desconfían del éxito de esta medida. Según Idealista, «ayuda a crear nuevos problemas y tiene como principal consecuencia el aumento directo de los precios y la generación de graves discriminaciones sobre los inquilinos con salarios ligeramente superiores a estos». Por su parte, el consejo de la juventud de España tacha el bono de « insuficiente e inocuo».
Como ya adelantó este periódico, al bono aprobado hoy en Consejo de Ministros podrán acceder durante dos años los jóvenes de hasta 35 años que no superen en ingresos anuales el triple del Iprem (24.318 euros anuales).
El acceso estará limitado a aquellos inquilinos que paguen un alquiler superior a los 600 euros, aunque las regiones que lo necesiten podrán ampliar el tope a los 900. Además, podrá complementarse con otras ayudas, siempre que sean a cargo del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 aprobado también ayer.
Faltaban por conocerse algunos detalles de las condiciones de acceso, sobre todo en el apartado del arrendamiento de habitaciones. Según señaló la titular de Transportes, los inquilinos que tengan alquilada una habitación podrán verse beneficiados de hasta 250 euros al mes siempre que la renta mensual no supere los 300 euros.
Sin embargo, Transportes hará una excepción en aquellas zonas donde el alquiler sea más caro hasta fijar un tope de arrendamiento mensual de 450 euros, previo acuerdo entre ministerio y la comunidad autónoma donde se ubique el territorio afectado.
Para establecer una valoración de cada caso, el Ministerio creará una comisión de seguimiento formada por miembros del propio departamento y representantes de las comunidades autónomas para su estudio.