La Iglesia teme una desamortización encubierta
El Gobierno está interesado en hacerse con la Obra Pía de Roma
Por un lado, la buena voluntad. Por otro, los hechos. Y al final, los comunicados. Así ocurrió ayer después del encuentro del presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Juan José Omella, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Si en alguna ocasión la nota fue conjunta, ayer se optó por publicar dos textos por separado.
«El cardenal Omella quiere vender cordialidad y al Gobierno eso no le interesa». Esta es la síntesis hecha por una fuente conocedora del encuentro. Primero, lo que no crea problemas: «La protección social de los colectivos más vulnerables, especialmente en la vivienda y la importancia de las diversas formas de protección social», según el texto episcopal.
Bienes inmatriculados
El escollo. De las tres Comisiones que venían trabajando desde hace meses, la dedicada al Régimen Tributario (el IBI), la Obra Pía de Roma y la dedicada a los bienes inmatriculados, en ésta última ha subido demasiado la temperatura por una actitud maximalista del Gobierno que quería dar un paso más que la mera revisión de los bienes inmatriculados. Revisión discutida al tratarse de una cuestión registral que no atañe a los Acuerdos Iglesia-Estado. El acuerdo se rompió y había que restaurar la buena voluntad con otra salida digna. Y uno de los últimos Ejecutivo de la Conferencia Episcopal emitió el primer grito de guerra.
Después está el interés del Gobierno con hacerse con la Obra Pía de Roma, una desamortización encubierta de unos bienes originarios históricamente De la Iglesia que están bajo el paraguas del Estado y de los que depende la buena salud financiera de la Iglesia española de Monserrat, entre otras muchas obras de caridad. La Obra Pía supone un patrimonio de 180 pisos y 80 locales comerciales en pleno centro de Roma.
Convendría a este respecto no olvidar lo que el Embajador Carlos Abella, en sus «Memorias confesables», escribió al respecto de la campaña de la izquierda contra la Obra Pía en su época de embajador ante la Santa Sede. La calificó entonces como «una campaña política de infundios contra el Gobierno (PP) y su embajador».
El Gobierno y los abusos
Por último, el Gobierno le lanza un aviso a la Iglesia de alto rédito social, la investigación de los abusos a menores. Dice el comunicado de Moncloa que el Gobierno está muy preocupado «por que todo lo casos se aclaren y se resuelvan lo antes posible». Y Omella contesta que «ha explicado al ministro Félix Bolaños el camino que la Iglesia española ya está realizando en comunión con la Santa Sede».
Mientras, la Iglesia «traslada su preocupación por la implantación de la educación y su desarrollo en las Comunidases Autónomas». Dos no riñen si uno, o los dos, no quieren. Pero motivos hay más que suficientes.