Colau se niega a dimitir tras ser citada por tráfico de influencias
La alcaldesa se salta el código ético de su partido, que exige la renuncia del imputado
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aseguró ayer estar «perpleja» ante la citación judicial que ha recibido por, supuestamente, adjudicar fondos públicos a entidades afines desde el ayuntamiento de la Ciudad Condal. Así, aseguró que afronta la cuestión, avanzada por ABC el martes, «con total tranquilidad». «En general, se hacen bien las cosas en esta casa», defendió ante la prensa.
A preguntas de los medios tras una rueda de prensa sobre un asunto urbanístico, Colau dijo encontrarse «sorprendida» por estar este caso relacionado con unos hechos que hace unos meses se investigaron y tras lo que «se descartó que hubiera indicios de irregularidad». «Es sorprendente que, por unos hechos que la Fiscalía archivó, se vuelva a reabrir una causa», defendió antes de preguntarse si se ha encontrado algún «elemento nuevo».
La alcaldesa y líder de los comunes también lamentó haberse enterado de su citación ante la Justicia a través de los medios y explicó que, tras saberlo, los servicios jurídicos del consistorio se dirigieron al juzgado para «mostrar la disponibilidad a colaborar con lo que sea necesario». Colau también aprovechó para atacar a la entidad que la acusa de haber entregado subvenciones a colectivos afines a su espacio político, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, de la que cuestionó sus acciones afirmando que no se le conoce una gran actividad, excepto las actuaciones para ir contra los intentos de municipalización del agua en Barcelona y Valladolid.
La dirigente morada también respondió a PP y Ciudadanos, grupos de la oposición que ayer salieron a exigir su dimisión alegando también que el código ético de los morados obliga a dar este paso si hay un cargo imputado. En concreto, el punto 3.6 del código ético de los comunes fija el «compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas». Al considerar que no habría ánimo de lucro en su conducta, Colau, quien hace no muchos años exigía dimisiones inmediatas, rechazó dar un paso atrás.
«Estos hechos los archivó la Fiscalía. Antes de sacar esta conclusión tendremos que ver qué pasa, pero me parece fuera de lugar plantear mi dimisión», sentenció dejando entrever que no tiene ninguna intención de abandonar el puesto que ocupa desde hace dos mandatos. Colau también matizó que su código pide dimitir si hay «animo lucrativo» a través de lo público.
PP y Cs piden su dimisión
La próxima declaración de Colau ante el juez causó ayer un enorme revuelo entre los grupos de la oposición. De hecho, hace años que esta sospecha sobrevuela la gestión de la alcaldesa, que ha sido acusada en reiteradas ocasiones por sus ‘amiguismos’. En este sentido, la líder municipal de Cs, Luz Guilarte, avisó ayer que Colau no puede «seguir arrastrando el nombre y la marca de Barcelona» y señaló que, con sus malas prácticas de «engordar a entidades afines», no puede continuar siendo la representante de la ciudad y de los barceloneses. Cs también dejó un mensaje para el PSC, socio de gobierno de Colau, al que preguntó si va a permitir que la alcaldesa siga «degradando» la imagen de la ciudad.
Por su lado, el grupo municipal del PP recordó el reglamento de los comunes. «Con su imputación, el nombre de Barcelona queda manchado. Que no espere más, Barcelona no se merece esto», reclamó el líder del grupo popular, Josep Bou. «Colau debería auto-aplicarse el código ético de su propio partido», añadió a su vez Óscar Ramírez, también del grupo municipal popular, que alertó que su formación ha denunciado en múltiples ocasiones la concesión arbitraria, discrecional y recurrente de subvenciones y financiaciones a entidades amigas de los comunes.
El caso tampoco ha dejado indiferente al propio PSC, que gobierna con la alcaldesa. Fuentes del grupo municipal expusieron a ABC que no se puede negar que se trata de una situación «anómala» para el ayuntamiento, aunque apuntaron que este caso «no afectará al día a día de la institución ni al trabajo del Gobierno municipal». «Corresponde a Colau dar las explicaciones que crea oportunas, según las normas que tiene establecidas su partido», zanjaron los socialistas.