El fiscal pide prisión para un exconsejero de Murcia por los vertidos al mar Menor

► El Ministerio Fiscal considera que Antonio Cerdá no actuó para frenar la contaminación

Cerdá «se limitó a establecer una previsión formal, pero siendo consciente de su falta de operatividad»

Ante la primera crisis ambiental del mar Menor, la ‘sopa verde’ de 2016, el entonces consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá, se limitó a establecer «una previsión formal» para evitar los vertidos contaminantes, pero realmente no hizo nada para controlarlos. Así lo interpreta el fiscal de Medio Ambiente de Murcia, Miguel de Mata, quien ha solicitado por ello una pena de 21 meses de prisión para el exconsejero, así como para el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Manuel Aldeguer.

La investigación sobre el deterioro de la albufera, conocida como ‘caso Topillo’, comenzó en 2017, después del primer gran colapso del mar Menor. La región, entonces gobernada por el dirigente del PP Ramón Luis Valcárcel, tenía a Cerdá al frente en la consejería, cargo que ocupó desde 1999 hasta 2015.

El exconsejero «se limitó a establecer una previsión formal, pero siendo consciente de su falta de operatividad, se hizo como que se hacía pero en realidad no se hizo nada» para controlar el vertido de fertilizantes nitrogenados a la laguna salada procedentes de la agricultura, «frustrando así el objetivo de la norma», dice el escrito notificado ayer a las partes, según informa la agencia Ep.

Del excomisario de Aguas de la CHS, el fiscal incide en que, «a pesar de tener conocimiento durante años de la realidad de la existencia de numerosas desaladoras funcionando sin autorización alguna y que, en su mayoría se conectaban a un salmueroconducto que vertía directamente al mar Menor, no adoptó decisión alguna para su inspección, sanción y desmantelamiento». De esta forma, continúa De Mata, consintió una situación de ilegalidad y falta de control de los vertidos que colisionan frontalmente con las funciones asignadas a la Comisaría de Aguas.

El Ministerio Fiscal solicita además para ambos la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y del derecho de sufragio pasivo durante un periodo de nueve años. También incluye como acusados a casi medio centenar de agricultores y empresas agrícolas, para los que reclama penas que van desde los cinco meses hasta los seis años de prisión, así como la asunción de responsabilidades civiles que alcanzan los 1,4 millones de euros.

Deterioro

El deterioro creciente del mar Menor es evidente para el fiscal. Tras el episodio de ‘sopa verde’ llegó el episodio de anoxia de 2019 –tras las inundaciones del sistema de bajas presiones DANA– y otro más el año pasado. La principal causa está en los vertidos de las explotaciones agrícolas de la zona, según el escrito, pero también por la presión urbanística, el turismo y las aportaciones procedentes de las aguas subterráneas ya contaminadas.

Tras consultar diversos informes científicos, el fiscal constata que los niveles de nitratos en los suelos y en los acuíferos han aumentado severamente y «sobrepasan con claridad el límite fijado por la normativa como cantidad máxima admisible, que se concreta en 50 mg/litro para las masas de agua subterráneas en la directiva marco del agua».

Ayer el presidente de Murcia, Fernando López Miras, aseguró que actualmente el agua de la laguna salada está en un estado «bastante óptimo», pero reconoció que, si no se acaba con los vertidos contaminantes, la calidad de las aguas empeorará cuando llegue el verano. Por ello pidió al Ministerio para la Transición Ecológica que ataje los vertidos localizados en las ramblas.

Esta misma semana, el Ejecutivo murciano ha anunciado dos nuevos proyectos en el entorno del mar Menor, con la creación de un filtro verde y 15 biorreactores, en parcelas agrícolas del Campo de Cartagena (Los Alcázares).

Los niveles de nitratos «sobrepasan con claridad el límite fijado por la normativa como cantidad máxima admisible»