SOMBRAS SOBRE LOS FONDOS DE LA UE
El dinero de Bruselas no es del Gobierno ni le ha sido dado para complacer a amigos y socios, sino para restañar las graves heridas causadas a la economía productiva por la pandemia
LA gestión de los fondos europeos está retratando al Gobierno de una manera muy poco favorable para su imagen, lo que en tiempo electoral resulta aún más lesivo. A estas alturas, España ha recibido ya de Bruselas unos 24.000 millones de euros, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez no sabe cuánto ha llegado realmente a las empresas y qué efecto ha tenido en la reactivación de la economía. Hay que recordar que el Gobierno aprobó, con la abstención de Vox y la oposición del PP, un sistema cesarista de gestión de los fondos europeos, que ponía en manos de Sánchez su distribución sin apenas control. Los temores se han confirmado porque resulta incomprensible que, en la mayor transferencia de fondos nunca antes autorizada por Bruselas, la coalición socialista-comunista esté comportándose con semejante grado de ineficacia. A estas alturas, el Ejecutivo tendría que haber acreditado el cumplimiento de unas garantías mínimas: transparencia, gestión, eficacia, control y responsabilidad. La preocupación por el desarrollo de la distribución de los fondos europeos se basa en que no se cumple una sola de esas condiciones. Por eso el Gobierno quiere callar las críticias, porque no quiere lealtad, sino silencio cómplice. Solo alrededor de 1.500 millones habrían llegado al tejido productivo español, lo que representa en torno al 7 por ciento de los fondos recibidos. Si estos iban a ser el motor de la recuperación, el Gobierno está taponando el flujo de los fondos con una ineficacia inverosímil.
Bancos, grandes empresas y consultoras han creado equipos técnicos para participar en el asesoramiento de inversiones con los fondos europeos. Por eso tienen datos de primera mano sobre la ineficiencia burocrática en las licitaciones administrativas y la falta de información suficiente para garantizar un acceso competitivo y transparente a las ayudas con el dinero de Bruselas. El sector empresarial vaticina que los efectos de la financiación europea no se notarán antes del próximo del verano, lo que desinfla las previsiones gubernamentales y desanima a los empresarios. Esta situación genera dos riesgos para España. El primero es que Bruselas audite lo que está haciendo el Gobierno con los fondos europeos y añada condiciones a las futuras remesas. No será por las denuncias de la oposición –que nunca tendrían tal efecto si fueran inciertas– sino por la responsabilidad del propio Ejecutivo al desaprovechar una ayuda histórica e irrepetible. El segundo riesgo es que los inversores busquen países con mejores y más eficaces procedimientos de gestión de esos fondos, lo que se añadiría a la desconfianza que, de por sí, genera un gobierno europeo occidental con ministros comunistas y discurso intervencionista.
No es tarde para que el Gobierno rectifique y revise el sistema de distribución del dinero de Bruselas. Ese dinero no es suyo, ni le ha sido dado para complacer a amigos y socios, sino para restañar las graves heridas causadas a la economía productiva por la pandemia de la Covid-19. Tienen que funcionar los órganos de control y fiscalización, como la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas, y no con la lentitud habitual, sino en tiempo real, en paralelo a las tomas de decisiones. Sería el momento de reforzar los organismos oficiales que están creados para asegurar la transparencia en la gestión del dinero público. La alternativa del Gobierno está siendo mandar silenciar cualquier atisbo de crítica, mientras empiezan los repartos de dinero con signo ideológico a los afines. Los socialistas no han tomado nota de lo que pasó en Andalucía con el dinero de los ERE.