El Poder Judicial avisa a Sánchez de que es la ley, y no su voluntad, la que le obliga a hacer informes
► Su nuevo dictamen sobre el anteproyecto de ley de la Vivienda provoca otro choque institucional
El anteproyecto de ley de Vivienda que, entre otras cuestiones, prevé poner límites a los alquileres, ha protagonizado un nuevo choque de trenes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, cansado de los desplantes y ataques desde el Gobierno en los últimos meses. El interés, especialmente de los ministros de Podemos, en sacar adelante esta ley –lo querían haber hecho ya a finales del pasado año– para enarbolarla como un triunfo propio, se ha dado de bruces con los peros del órgano de gobierno de los jueces, que el pasado 14 de enero rechazó el condescendiente borrador del exdiputado socialista Álvaro Cuesta para encargar uno nuevo a otros dos vocales: José Antonio Ballestero y Enrique Lucas. Este movimiento no gustó a la formación morada, ni tampoco al resto del Gobierno, que consciente de que la aprobación del anteproyecto volvía a atrasarse, minusvaloró públicamente el papel del CGPJ en este trámite de informes insinuando que al no ser la opinión de este órgano vinculante, no la iban a tener en cuenta.
«El Gobierno está convencido de que es una buena Ley, que está armada jurídicamente, técnicamente, que no invade competencias y mucho menos tampoco invade el derecho a la propiedad, que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución», aseguró la semana pasada la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Raquel Sánchez, llegó a afirmar que el CGPJ tenía que pronunciarse solo sobre la modificación «de tres artículos» de la Ley de Enjuiciamiento Civil. «Este debe ser el objeto del informe y no otro», dijo. Ayer mismo la ministra Ione Belarra sostenía en un tuit que «los intentos de frenar los derechos de los inquilinos vienen de una reacción obsesionada con impedir el avance social y dificultar el cumplimiento de nuestra Constitución».
Lejos de achantarse, el nuevo borrador de la ley que previsiblemente será aprobado por amplia mayoría en el Pleno del órgano el próximo jueves, y al que ha tenido acceso ABC, propina una bofetada doble al Ejecutivo, no solo porque, en la línea de la enmienda que se presentó al borrador inicial, considera que el texto de Sánchez invade competencias autonómicas, sino porque en el propio informe recuerda al Ejecutivo cuál es el papel del Consejo en este trámite legal y obligatorio.
Así, afirma que su función consultiva «no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe, en este caso, el Gobierno de la Nación, aspecto sobre el que carece de toda capacidad de disposición, sino de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación (...) ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos Gobiernos y hasta el momento presente». El escrito añade que la labor del Consejo consiste en efectuar «cuestiones de técnica legislativa o de orden terminológico para contribuir a mejorar los textos normativos y su efectiva aplicabilidad».
En lo que se refiere al contenido propio del anteproyecto, el informe apunta al Gobierno que la vivienda no es una materia de titularidad estatal, sino autonómica, en virtud de la propia Constitución y los estatutos de autonomía. «El núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución (derecho a la vivienda) corresponde a cada una de las comunidades autónomas que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas y, sin perjuicio de las competencias del Estado que incidan en dicha materia.
Viviendas públicas
Recuerda así que las leyes autonómicas han regulado esa materia en sus diversas vertientes valiéndose, sin alterarlas, de las figuras del Derecho Civil y Procesal y previendo supuestos sujetos a expropiación forzosa. De igual forma, añade, son las autonomías las que elaboran y desarrollan planes, promociones de viviendas públicas, «gestionan sus parques de viviendas, inspeccionan, controlan y ejercen la potestad sancionadora en la materia, aprueban programas de ayudas para facilitar dicho acceso, especialmente para las personas más vulnerables». Los vocales se refieren a esa invasión de competencias como «expropiación». «La expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí».
El CGPJ no niega que el Estado pueda intervenir en vivienda, pero sólo en cuestiones como el establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a la vivienda y el derecho de propiedad o la intervención de este sector en momentos de grave crisis económica, entre otros.