El Gobierno tira de chequera para colocar como vivienda social los pisos de la Sareb
► Ayuntamientos y autonomías recibirán hasta 175 euros por cada inmueble del que pidan la cesión
Conseguir que las decenas de miles de inmuebles que tiene la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se pongan en el mercado como vivienda social tiene un coste. Ya se han dado pasos en ese sentido: primero, sentar las bases para nacionalizar la entidad, y segundo, al aprobar el plan estatal de vivienda 2022-2025.
La Sareb, una entidad creada en 2012 para absorber los activos problemáticos del sector financiero, cuenta con más de 46.000 viviendas por toda España. No todas están disponibles ya que hay algunas cedidas ya a distintas administraciones, ni están habitables ya que requieren reforma. Pero se trata de un parque inmobiliario de sumo atractivo para el Gobierno.
El accionariado de la compañía, hoy día, está repartido de la siguiente manera: 54,1% en manos de bancos y aseguradoras y 45,9% en manos del FROB, es decir, el Estado. Esta estructura cambiará ya que el Ejecutivo tomará el control al superar el 50% del capital social en las próximas semanas al comprar por un valor simbólico las participaciones de la banca. La Sareb pasará a ser, de facto, una empresa pública.
Bajo este escenario, el Gobierno ya ha diseñado lo que hará con los pisos que mantiene en cartera este monstruo de más de 30.000 millones en activos. En el plan estatal de vivienda aprobado la semana pasada se establece «el programa de puesta a disposición de viviendas de la Sareb para su alquiler como vivienda asequible o social con objeto de acelerar la suscripción de convenios de la Sareb con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla o las administraciones locales».
Este programa tiene por objetivo incentivar a las distintas administraciones autonómicas y locales a solicitar a la Sareb la cesión de sus viviendas para dedicarlas a alquiler social. Todo ello enmarcado también en la intención del Ejecutivo, firmada el año pasado, de llevar a alquiler social 15.000 viviendas de esta entidad.
Así las cosas, el Ejecutivo dará «una ayuda de entre 150 y 175 euros al mes» a cada administración autonómica y local por cada vivienda de la que adquiera la cesión para destinarla a alquiler social. El Gobierno justifica este desembolso con que se trata de una ayuda «para hacer frente al precio acordado en la cesión del usufructo realizada por Sareb». Pero el uso de la chequera no queda ahí: «Adicionalmente y en el caso de ser necesarias obras de habitabilidad, accesibilidad o adecuación podrán recibir (las autonomías y ayuntamientos) una ayuda de hasta 8.000 euros por vivienda para dichas obras con la que podrán sufragar hasta el 75 % de las mismas».
En todo caso, la financiación del programa exigirá «la suscripción de un acuerdo previo en el seno de las comisiones de seguimiento entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, las comunidades autónomas y el ayuntamiento correspondiente».
El Gobierno intervendrá asimismo en el precio que las administraciones podrán cobrar de alquiler sobre estos pisos. «Podrán arrendar las viviendas cedidas por la Sareb o entidad pública de que se trate a un precio de entre 150 y 350 euros al mes», señala el plan estatal. Establece un tope a los alquileres públicos para este caso concreto.
Lo cierto es que la nacionalización de la Sareb ha coincidido en fecha prácticamente con la puesta en marcha de este programa. Casualidad o no, el Gobierno no ha ocultado su intención de dar a los inmuebles de la Sareb un cariz totalmente social una vez tome el control. Incluso, Unidas Podemos siempre ha ido mucho más allá ya que quiere convertir esta entidad en una empresa pública de alquiler para intervenir de manera aún más directa en el mercado.
Desde el sector inmobiliario cuestionan, sin embargo, la ubicación de estos inmuebles. Los problemas de oferta en España se localizan en grandes ciudades con mucha demanda, y muchos de los activos que tiene la Sareb no cumplen con estos requisitos.
Pero los planes del Gobierno para sacar al mercado viviendas sociales no se detienen en la Sareb. El Ejecutivo está intentando llegar a distintos acuerdos con la banca para que aumente el número de pisos que actualmente destina al fondo social de vivienda para que familias que han perdido su casa como consecuencia de un impago tengan un lugar en el que vivir. Además, el Ejecutivo trabaja desde hace años en la firma de distintos convenios con distintos fondos de inversión para que estos saquen al mercado 30.000 inmuebles que mantienen a día de hoy vacíos. Un plan para el que también se estudia la opción de ofrecer alquileres subvencionados.