La Iglesia acredita que un 2,76% de los bienes registrados no son suyos
► La Conferencia Episcopal se ofrece al Gobierno para que pueda regularizar las propiedades mal inmatriculadas ► Es un reconocimiento implícito del Ejecutivo de que los grandes templos pertenecen todos a la Iglesia
Se abre ahora un proceso de litigio entre ayuntamientos, diócesis y particulares para demandar los bienes que se registraron incorrectamente
El Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE) sellaron ayer un acuerdo sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia. Tras meses de negociaciones ambas partes emitieron un comunicado conjunto en el que trasladan que, a partir del listado remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados sobre los bienes registrados por la Iglesia católica en el periodo 1998-2015, la Conferencia Episcopal ha hecho un estudio exhaustivo del mismo a través de consultas oportunas realizadas a las diócesis de todo el país. «Dicho estudio ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados», explica la nota.
De ese análisis la Iglesia ha constatado que cerca de un millar de bienes (965 de casi 35.000) «son propiedad de un tercero o no les consta titularidad sobre el mismo». Pero no cede ni devuelve esa titularidad, insisten fuentes eclesiásticas consultadas por este periódico, porque –agregan, contradiciendo la versión oficial que ayer se extrajo desde La Moncloa– «la Iglesia en ningún caso sería quien ha inmatriculado mal ningún bien. Serían, en tal caso, los registros de la propiedad que han dado por buena una mala gestión. El tirón de orejas del Gobierno debería ser a esa mala praxis ejecutada, nunca a quien va a registrar los bienes». El listado completo de los bienes ha sido facilitado al Gobierno por la CEE y estaba elaborado desde antes de Navidad, pero el Ejecutivo, inciden las mismas fuentes, aplazó la escenificación del acuerdo a ayer, con Pedro Sánchez a la cabeza.
La mayoría de esos bienes son fincas rústicas, cementerios y terrenos próximos a propiedades eclesiásticas; también hay, de acuerdo a las mismas fuentes, «iglesias que se ha encontrado la Conferencia Episcopal, al pedir los datos a cada diócesis durante todo el ejercicio 2021, que subyacen bajo las aguas de un pantano, o capillas que están cubiertas ya por una carretera». A partir de ese listado completo que ofreció la Conferencia Episcopal y ayer publicó íntegramente en su web (un ejercicio que según fuentes de toda solvencia sentó muy mal en el entorno de Sánchez), la pelota queda ahora en el tejado del Gobierno, que será quien tenga que iniciar los procesos de regularización de estos bienes mal registrados, la mayoría de ellos (435 de los 965) en pequeños municipios de Castilla y León. Los demandantes, sean particulares o ayuntamientos, pueden demandar ahora los bienes y acreditar su titularidad con la prueba de la inscripción bienal.
La Iglesia, a disposición
El mecanismo que, por tanto, se pone en marcha llegados a este punto es que el Gobierno es quien debe ponerse en contacto con las entidades locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, para revisar los expedientes de inmatriculación de cada una de esas fincas e inmuebles que se registraron de manera incompleta o defectuosa. «La Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos», señalaron ayer ambas partes.
Según los datos del Gobierno, entre 1998 y 2015 la Iglesia católica inmatriculó 34.961 bienes utilizando como herramienta un decreto del primer Gobierno de José María Aznar. Una fórmula mediante la que tan solo hacía falta una certificación eclesiástica. Ese inventario de cerca de 35.000 inmuebles comenzó a elaborarse a raíz de una iniciativa del PSOE en el Congreso en 2017. Fue en febrero de 2021, hace menos de un año, cuando el Ministerio de Presidencia publicó el listado. Más de la mitad, 20.014 inmuebles, se definen como lugares de culto. Mientras que 14.947 tienen otros destinos. Es a partir de ese listado, y muy centrado en el segundo grupo de inmuebles, donde la Iglesia ha realizado un análisis diócesis por diócesis del que ha resultado esa primera cifra de 965 inmuebles: 502 fincas rústicas y 151 urbanas; también hay 179 lugares de culto, 98 viviendas y 28 cementerios.
Se trata, por tanto, de un 2,76% del total de inmuebles que formaban parte del conjunto de bienes inmatriculados e inventariado por la Conferencia Episcopal durante 2021. «La Iglesia desconocía que esos bienes estaban registrados a su nombre; los publica y los da a conocer», dicen fuentes eclesiásticas.
Quedan fuera de toda duda los grandes templos. De acuerdo con las mismas fuentes, «el Ejecutivo de Sánchez ha pinchado en hueso porque ya tiene acreditados que ni la catedral-mezquita de Córdoba, ni la catedral de Sevilla, la de Santiago de Compostela, Burgos, Toledo o Zaragoza están mal inmatriculadas y pertenecen a la Iglesia católica». La ventana que se abre en este momento, barruntan esas fuentes, es que el Gobierno de Pedro Sánchez intente modificar la ley de Patrimonio Histórico-Artístico para articular un mecanismo que modifique la propiedad (para uso público) de esos grandes lugares de culto en España.
El Gobierno quiso escenificar ayer su acuerdo con la Iglesia con la reunión que había solicitado al presidente de la Conferencia Episcopal el propio presidente del Gobierno, quien asistió a la sede de la CEE en la calle Añastro de Madrid acompañado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El presidente, dijo, puso así el broche a un proceso que el Gobierno inició de la mano de la exvicepresidenta Carmen Calvo y que envolvió de polémica a la propiedad de la mezquita cordobesa. Este proceso se retomó el pasado agosto cuando Bolaños asumió las competencias de las relaciones con las congregaciones religiosas. Hace unos días eran Bolaños y Omella los que mantenían una reunión para ultimar el acuerdo. De ese encuentro , el ministro salió diciendo que «habían avanzado mucho en las negociaciones»; también que no cerraba otros puntos que están sobre la mesa, como el que afecta al ámbito fiscal.
Enfado por la no devolución
Según las mismas fuentes, no obstante, Sánchez salió muy enfadado del encuentro al no haber podido rubricar que la Iglesia «se apropió indebidamente» de unos bienes que ahora «tiene que devolver», un extremo que no es así. Como anécdota, subrayan que el arzobispo de Barcelona rezó junto a Sánchez en el encuentro, que se desarrolló con cordialidad y firmeza en las posiciones.
Precisamente Omella aseguró me
diante un vídeo que en el encuentro hubo un deseo de «colaboración para el bien común». Explicó que se abordaron varios temas sociales, como la pobreza, la inmigración y las consecuencias de la pandemia, además de otros en los que «divergen un poco más»: aborto, eutanasia y educación. «Creo que ha sido un momento muy bonito de acercamiento para esa colaboración», indicó. El secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, se refirió, por su parte, a la culminación del trabajo de revisión de los bienes inmatriculados. «También hemos hablado del futuro de los trabajos a realizar sobre todo en el asunto del régimen fiscal que ha quedado muy encauzado», admitió.