Ciencia deja a más de 15.000 investigadores sin indemnización
► El borrador de la nueva ley de Ciencia les quita este derecho, denuncian una decena de asociaciones
Una decena de asociaciones están en pie de guerra en contra del Gobierno por las precarias condiciones laborales que el borrador de la ley de Ciencia establece para el personal investigador en formación (predoctoral) y para los que ya hicieron la tesis (posdoctoral).
En concreto, denuncian que más de 15.000 investigadores españoles se quedarán sin el derecho que tiene todo trabajador a una indemnización al finalizar su contrato. Si bien la nueva ley reconoce para los contratos pre y posdoctorales el derecho a 12 días de salario por año se aplica solo a los contratos que se celebren a partir de la entrada en vigor de la norma. De esta forma, el Ejecutivo de Sánchez deja sin este derecho a los más de 15.000 jóvenes investigadores —más de 10.000 predoctorales y 5.000 posdoctorales— que ya tienen contratos firmados, calculan las asociaciones. La nueva norma señala en la disposición transitoria segunda que las modificaciones realizadas en los artículos 21 y 22 en los apartados relativos al reconocimiento de la indemnización, es decir, el ‘e’ y el ‘g’, respectivamente, «serán de aplicación a los contratos que se suscriban a partir de la entrada en vigor de esta ley». «Es una vergüenza», resume Darío Badules, personal predoctoral en Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza.
Si bien la norma supone un avance respecto a su predecesora de 2011 ya que esta última no preveía indemnización para nadie, el nuevo borrador deja en el limbo a los que «desarrollan su trabajo tanto en ciencia básica como aplicada, con contratos mileuristas a pesar de que, para obtenerlos, existe una altísima competencia», denuncian los investigadores en un comunicado. La lucha de estos jóvenes viene de hace tiempo. CC.OO. demandó a la Universidad de Santiago de Compostela (USC) porque los contratados predoctorales del año 2013 no percibirían indemnización tras finalizar sus contratos mientras que los de años anteriores sí tenían derecho a la misma, señala CC.OO. en un comunicado. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) dictó una sentencia en 2019 en la que reconocía dicho derecho pero la USC interpuso un recurso y, en 2020, el Tribunal Supremo (TS) le dio la razón al campus, señalando que no había derecho a dicha indemnización. Por eso, tanto en los Presupuestos de 2021 como los de 2022 estos jóvenes intentaron incorporar una previsión en la ley de Ciencia para que se les otorgue el derecho. «Distintas agrupaciones redactamos sendas enmiendas a la ley de Ciencia tras la decisión del Tribunal Supremo. Las dos enmiendas fueron asumidas por el PP, Más País o el BNG pero PSOE y Podemos las rechazaron», narra Badules.
Los jóvenes pidieron ayuda a PSOE y Podemos pero los partidos del Gobierno rechazaron sus propuestas en dos ocasiones