Aragonès habilita un ‘escudo’ de 50 millones para litigar con Hacienda
► Dispone un blindaje para cubrir los posibles pleitos de sus empresas públicas con el Estado
La Generalitat ha dispuesto en sus presupuestos para el año 2022 una bolsa dotada con más de 50 millones de euros para dar cobertura a las empresas y entidades públicas dependientes del Govern catalán frente a las actuaciones de comprobación o inspección que pueda emprender la Agencia Tributaria contra estas por discrepancias en el modo de liquidar el Impuesto de Valor Añadido (IVA), que pasa por ser el principal objeto de controversia entre las empresas públicas y Hacienda.
Esta especie de ‘escudo financiero’, que tiene por objeto cubrir las costas que para las empresas públicas pueda tener acudir a cualquier instancia administrativa o judicial para litigar con la Hacienda del Estado, no existe según la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda en otras comunidades autónomas, que sin embargo mantienen igual que Cataluña diferentes pleitos con el Ministerio de Hacienda a cuenta del IVA, un foco permanente de conflicto en el ámbito de las empresas públicas.
El más célebre de todos ellos, y el más millonario, es el que la Agencia Tributaria mantiene con las televisiones autonómicas –incluida TV3 o en este caso la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)– a cuenta de las cantidades que pueden ser deducibles o no en el IVA y por los que la Hacienda del Estado reclama más de 200 millones de euros. En el caso de la CCMA, Hacienda le reclama más de 124 millones por exenciones aplicadas de forma irregular.
Fuentes de la Generalitat, sin embargo, descartan que este aval se dote para este caso concreto y explican que se trata de una cobertura general para los conflictos que se puedan suscitar en la aplicación de este impuesto.
La polémica ‘tramitadora’
Estas mismas fuentes aclaran que este aval se dota desde los Presupuestos del año 2017. Ese fue precisamente el ejercicio en que el Govern catalán activó en plena escalada por el ‘procés’ un controvertido plan para instaurar una política fiscal corporativa en todo el sector público catalán, no sólo en el de la Generalitat. El elemento más característico de este esquema era la centralización en la Agencia Tributaria Catalana de todas las relaciones tributarias del sector público catalán con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, en concreto, el pago de los impuestos de titularidad estatal: Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Sociedades e IVA.
El objetivo de fondo era que la Agencia Tributaria Catalana intermediara, empezando por el sector público pero extendiendo en la medida de lo posible su operativa al ámbito privado, la mayor cantidad posible de pagos de esos impuestos como un primer paso para alcanzar una autonomía tributaria total y poder asumir a futuro el cobro de esos impuestos. Hubo incluso empresas privadas que se sumaron a la iniciativa y el Govern llegó a tramitar la Declaración de la Renta de 15.000 contribuyentes catalanes por esta vía. Desde Hacienda siempre se vio esta maniobra con desconfianza, como una forma de intentar conseguir los datos fiscales de los catalanes.
El Govern reactivó el plan para instaurar una política fiscal corporativa de la Generalitat en 2019, si bien con unos objetivos menos agresivos: mantienen su intención de centralizar el asesoramiento operativo general de todo el sector público en la Agencia Tributaria Catalana, pero lo orientan a reducir la litigiosidad, blindar la seguridad jurídica y mejorar la eficiencia del sistema tributario.
El Govern desarrolla desde hace años un plan para definir una política tributaria común en todo el sector público catalán