Ayuso retoca su ley de ‘blindaje fiscal’ para impedir que Sánchez la recurra
▶ Elimina del texto giros que podrían interpretarse como inconstitucionales y apuntala sus cimientos jurídicos para evitar un contraataque del Gobierno
El equipo de Isabel Díaz Ayuso no quiere ofrecer ningún flanco débil en la batalla jurídica que se anuncia con el Gobierno de España a cuenta de la ya célebre armonización fiscal, que amenaza con abatir el entorno de impuestos bajos que la Comunidad de Madrid ha creado a lo largo de las últimas dos décadas y que consideran como la clave de la prosperidad económica de la región.
El gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprovechado el trámite de audiencia pública del anteproyecto de ley de Defensa de la Autonomía Financiera y Fiscal de la Comunidad de Madrid, el instrumento que está llamado a actuar como escudo jurídico contra las eventuales injerencias del Ejecutivo central en la configuración del espacio fiscal madrileño, para introducir un puñado de retoques en el texto original con el doble objetivo de apuntalar la argumentación jurídica que lo sostiene y minimizar el riesgo de una actuación del Gobierno en forma de recurso de inconstitucionalidad contra la norma madrileña.
Adiós a los guiños ‘forales’
Fuentes jurídicas consultadas por ABC señalan el artículo 9 del texto original como la principal fuente de dudas entorno a la constitucionalidad de la iniciativa y el punto débil que podría desencadenar un recurso del Gobierno.
El foco de la controversia se localizaba en concreto en el punto tres del artículo, una disposición clave que sienta el principio de que cualquier modificación en el régimen de cesión de los tributos del Estado a Madrid tendrá que ser pactada en la comisión mixta de Transferencias Estado-Comunidad de Madrid. En otras palabras, que si el Gobierno quiere modificar el impuesto de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones no va a tener otro remedio que acordarlo antes con el gobierno regional.
El texto inicial difundido por la Comunidad de Madrid hacía referencia al «carácter paccionado de las leyes que regulan el régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid», una fórmula que remite a la regulación de los regímenes fiscales forales que gozan de la prerrogativa de negociar con el Estado en pie de igualdad. Las fuentes consultadas subrayan que eso no sucede sin embargo en el caso de las autonomías de régimen común y menos aún en el caso de los impuestos cedidos cuya regulación corresponde por ley al Estado.
La ‘versión mejorada’ del texto sometida a la aprobación del consejo de gobierno elimina, a instancias de los servicios jurídicos, esa referencia al ‘carácter paccionado’ de la cesión de tributos y la vincula al perímetro marcado por el estatuto de autonomía por las normas del llamado ‘bloque de constitucionalidad’.
Es en la definición de ese ‘bloque de constitucionalidad’ donde se librará la batalla jurídica entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid si Sánchez se anima a ejecutar la reforma comprometida para impedir que las regiones eximan de tributación figuras como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.
Y ese es el otro flanco que Madrid se ha ocupado en apuntalar. El texto definitivo del anteproyecto ya no solo apela a la Constitución, la legislación nacional y las sentencias del Constitucional para delimitar el corpus jurídico que supuestamente blinda el espacio fiscal madrileño, sino que apela también al artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea, que consagra la identidad nacional e institucional de los estados miembros y la extiende «a la autonomía local y regional».
El equipo de Ayuso también ha decidido aligerar los supuestos en que podrá activar sus mecanismos de defensa vía requerimiento de incompetencia o conflicto positivo de competencia cuando una norma estatal o autonómica no respete la autonomía financiera o la corresponsabilidad fiscal de Madrid. El texto original habilitaba a las autoridades madrileñas a activar este dispositivo incluso ante comisiones de estudio o análisis de posibles cambios normativos, no solo ante actos administrativos. Había dudas sobre la legalidad de ese margen y ahora no está en el texto definitivo.
El Ministerio de Hacienda aún no ha entrado en el análisis jurídico de la norma, como admitió esta misma semana María Jesús Montero, y se reserva para el momento en que la ley se apruebe. El único juicio que le merece hasta ahora es político: consideran que se trata de una norma orientada a alentar el enfrentamiento.