El independentismo paraliza la actividad del Parlament para no suspender a un diputado de la CUP
▶ La oposición denuncia el atropello democrático impulsado por Borràs
En la pasada legislatura, la negativa del entonces presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), a que Carles Puigdemont fuera investido y que Quim Torra no perdiese su escaño, fue utilizada con saña por Junts para denunciar la supuesta tibieza de los republicanos. Ahora es Laura Borràs (Junts) quien se encuentra en un trance similar después de la orden directa de la Junta Electoral Central (JEC) para que mañana jueves, cuando vence el plazo, sea desposeído de su escaño el diputado de la CUP Pau Juvillà. De alguna forma, la prueba del algodón de la pureza ‘indepe’ alcanza ahora a la presidenta Borràs, que por lo pronto ha optado por la gesticulación y la inédita decisión de cerrar el Parlament.
Así lo acordó ayer la mayoría secesionista en la Mesa –órgano rector de la cámara–, que decidió desconvocar toda la actividad parlamentaria prevista hasta que la Comisión del Estatuto del Diputado no emita un informe sobre si se debe mantener o retirar el acta al parlamentario Juvillà. Una forma de ganar tiempo denunciada por el resto de partidos como un atropello democrático y una nueva muestra de desprecio del secesionismo a las mínimas formas parlamentarias. Ante la advertencia del letrado mayor del Parlament de las «consecuencias graves» que podría tener suspender la actividad parlamentaria, se optó finalmente por la desconvocatoria de varias comisiones previstas: dos ayer, tres hoy.
Acompañada por los representantes de ERC y Junts en la Mesa, y de la líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater –Juvillà, secretario tercero de la Mesa, no asistió alegando una situación de salud complicada–, Laura Borràs apeló a los derechos de los electos y atacó a la JEC por ordenar que se dejase sin efecto el acta del de la CUP sin esperar a la aceptación de las medidas cautelares pedidas al Tribunal Supremo (TS) por parte del Parlament y del propio diputado.
Denuncias
«Firmes contra la represión y unidos», clamó la presidenta Borràs, convertida en icono del independentismo más radicalizado y que ve cómo el caso Juvillà, pero también su imputación por malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración por fraccionar contratos a favor de un amigo suyo, amenazan con arruinar sus expectativas políticas, que son muchas.
La reacción de los partidos independentistas fue de estupefacción ante el movimiento alentado por Borràs. El líder del PPC, Alejandro Fernández, ironizó con que Borràs «propone que el Parlament se aplique a sí mismo un 155». Desde el PSC se estudian medidas jurídicas para obligar a retomar la actividad parlamentaria, mientras que Vox anunció una querella contra la Mesa. Cs no descarta acudir al TC.