Las CC.AA. perfilan la factura de la nueva financiación: 15.000 millones para gastar y más espacio fiscal
► Rechazan el criterio de reparto de fondos que propuso Hacienda y exigen más recursos en el futuro modelo
Apenas han arrancado las primeras maniobras preliminares para la definición del futuro modelo de financiación autonómica y la cosa parece caminar ya hacia el estancamiento. La propuesta de definición del concepto ‘población ajustada’ planteada por el Ministerio de Hacienda, a partir del cual se reparten a día de hoy el 75% de los cerca de 120.000 millones de euros del sistema de financiación autonómica, ha sido rechazada de plano por la práctica totalidad de los gobiernos regionales, que no sólo no la comparten sino que afean al Gobierno intentar desviar el debate del que la mayoría ven como el principal problema del modelo actual: la insuficiencia de los recursos que proporciona a las comunidades autónomas para atender el coste de los servicios esenciales que prestan a sus ciudadanos: sanidad, educación y servicios sociales.
María Jesús Montero ha intentado orientar la negociación hacia la equidad en la distribución del dinero disponible y las gobiernos autonómicos han venido a decirle que no, que el asunto central aquí debe ser cómo el
Gobierno del Estado va a poner más dinero para que las autonomías gestionen sus servicios con suficiencia financiera y cómo va a darles más margen fiscal para gestionar sus ingresos.
Una propuesta insuficiente
Si algo han dejado claro de forma rotunda los escritos de alegaciones que las quince comunidades autónomas de régimen común han presentado en los últimos días a la propuesta de Hacienda, es que el Gobierno no sacará adelante un nuevo modelo de financiación autonómica si no pone más dinero encima de la mesa.
La Comunidad Valenciana, que en los últimos meses se ha convertido en la punta de lanza de las demandas autonómicas de un modelo de financiación con más recursos para las CC.AA., estima en su informe de alegaciones en 14.433 millones de euros anuales el déficit del sistema para financiar de forma suficiente los servicios públicos esenciales que prestan las administraciones territoriales. La Región de Murcia eleva esa brecha anual hasta los 16.484 millones. La Comunidad de Madrid denuncia que el sistema actual le hace perder 800 millones de euros cada año, cuantías similares a las que reivindican Andalucía o Galicia.
El Gobierno de Sánchez ya sabe de primera mano que lo que le pide la España de las autonomías es más dinero. Y cada uno para lo suyo. La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia para sufragar el déficit que les causa el actual modelo de financiación; Canarias
y Baleares para compensar su naturaleza insular; Asturias y Cantabria para enjugar los sobrecostes derivados de su accidentada orografía; Galicia, Aragón, Castilla y León o Castilla-La Mancha para atender a las necesidades extra derivadas de la dispersión de su población o del extenso territorio al que tienen que atender.
Y las comunidades autónomas ‘ricas’ como Madrid o Cataluña lo que le piden a Hacienda es mayor autonomía fiscal y un reparto más equilibrado de la cesta de impuestos, de forma que tengan más capacidad para definir su propio espacio fiscal; y si fuera posible
Madrid rescata una frase de uno de los expertos ‘fugados’ del comité para la reforma fiscal para criticar la propuesta de Hacienda
tener en cuenta su mayor coste de la vida a la hora de repartir los fondos.
La avalancha de reivindicaciones autonómicas ha enterrado la propuesta de Hacienda, que se centraba en plantear lo que estimaba como un reparto más equitativo de los fondos del sistema de financiación. Montero planteaba destinar un mayor volumen de recursos del sistema a la financiación de la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales a costa de reducir los fondos para otras políticas menos esenciales, y reforzar el apoyo financiero a las regiones más despobladas.
Desde la Comunidad de Madrid se afea a Hacienda proponer un nuevo criterio de reparto de los fondos sin replantearse siquiera la eficacia de los gastos en que se está incurriendo en la actualidad y lo hace a partir de una frase de Carlos Monasterio, uno de los expertos que ha abandonado el comité impulsado por el Gobierno.