En defensa del INE
Debemos ser prudentes y no cuestionar la calidad de las estadísticas ni la reputación de una institución con tanto prestigo, en la que trabajan 3.500 personas y cuya labor se cuestiona en exceso. El IPC se hace con una metodología armonizada que sigue los reglamentos de Eurostat
Con ocasión de la fuerte subida del precio de la energía acontecida el año pasado se ha abierto un debate acerca de si el INE ha medido correctamente su impacto. La discusión se basa en que el IPC sigue desde hace décadas la rúbrica de la electricidad exclusivamente a través de la evolución de la tarifa regulada. Estará bien o no, pero es una convención estadística sobre la que nadie se había quejado hasta este momento, por lo que si la criticamos ahora es posible que ello se deba más al hecho de que los precios estén en niveles máximos de los últimos años, y no tanto a un problema metodológico. En cualquier caso, se debe tener presente que la electricidad es un componente relevante, pero su ponderación en la cesta de consumo es de solo el 3,6%. Vaya por delante, también, que no me agrada esta inflación y que, de mantenerse en el tiempo, puede, incluso, comprometer nuestro bienestar.
Creo que debemos ser muy prudentes y no cuestionar la calidad de las estadísticas, ni la reputación de una institución de tanto prestigio como el INE, en la que trabajan más de 3.500 personas y cuya meritoria labor se cuestiona en exceso. De hecho, el IPC se hace con una metodología estandarizada y armonizada que sigue, a su vez, los reglamentos establecidos en su día por Eurostat. Esto no quiere decir que el INE siempre acierte. Por ejemplo, en un comunicado de hace unos días aludía innecesariamente a uno de nuestros más prestigiosos servicio de estudios (Caixabank), que, por otra parte, también había cumplido con su obligación de analizar una cuestión especialmente relevante, enriqueciendo el debate con una innovadora explotación de ‘big data’ gracias a la cual hemos podido conocer que el crecimiento de los precios hubiera sido menor de haber incluido en el IPC oficial las tarifas de mercado libre.
La discusión ha surgido a raíz de la fuerte elevación de los precios de la tarifa del mercado regulado durante el pasado año, que hasta ahora era relativamente estable y a la que se acogían cerca de once millones de consumidores domésticos. Si este año ha sido volátil, lo que habrá que replantearse, entonces, es si esta tarifa regulada (PVPC) sigue siendo idónea a todos los efectos, más allá de los puramente estadísticos. De hecho, dicha tarifa ha sido cuestionada incluso por Aelec, que es la asociación más representativa del sector eléctrico, y que ha planteado recientemente la redefinición de su estructura y metodología de cálculo.
En el debate en los medios se argumenta que, en la actualidad, el mercado regulado solo afecta a una parte de los consumidores domésticos, y que la evolución de las tarifas del mercado libre ha sido más moderada que las del mercado regulado PVPC. Sin embargo, dado que en el mercado libre de la electricidad hay multitud de tarifas, la más representativa, entendida como el porcentaje que supone cada tarifa con relación al total del mercado, sería precisamente la del mercado regulado (PVPC). Es cierto que la tarifa regulada afecta a 11 de los 29,8 millones de consumidores domésticos, lo que supone la ampliamente mencionada proporción del 40%, pero si tenemos en cuenta que en España solo existen 19 millones de familias, probablemente, dicha tarifa afecte a más de la mitad de los hogares.
Por otra parte, según la practica habitualmente seguida por el INE, para el IPC no se recogen en campo los precios de todos los fabricantes de cada producto, sino que solo se toma la evolución de los precios del producto más representativo de cada provincia, con lo que, por definición, esta estadística nunca representa el cien por cien del mercado para ningún producto. De hecho, hay pocas rúbricas del IPC en las que la muestra objeto de seguimiento alcance la proporción que en la actualidad supone el mercado regulado sobre el total del
La estadística del IPC nunca representa el cien por cien del mercado para ningún producto
mercado de consumidores domésticos de electricidad.
En cualquier caso, el INE también publica otros indicadores de precios complementarios y útiles para el análisis, como el deflactor del consumo privado, cuya tasa interanual del cuarto trimestre ha sido un 3,8% y, por lo tanto, muy inferior al IPC promedio de ese mismo periodo, que ha sido del 5,8%. Pues bien, este deflactor del consumo privado se calcula sobre el total de bienes y servicios consumidos, mientras que el IPC legal se limita a una cesta representativa de consumo, pero ambos indicadores de la estadística oficial son igualmente válidos y no debemos deducir que uno de ellos esté necesariamente mal calculado.
Llegados a este punto, ¿estaría justificado entonces un cambio de metodología en la componente de electricidad del IPC? La respuesta no es fácil, y puede ser distinta en función de si se tiene en cuenta solo lo vivido en el último semestre, o si nos atenemos a la relativamente estable evolución histórica de los precios del mercado regulado. De cualquier modo, para garantizar debidamente la homogeneidad de la estadística, en caso de llevar a cabo modificaciones deben seguirse los procedimientos, protocolos y calendarios ya preestablecidos, lo que obliga entre otras cuestiones a retropolar debidamente las series para evitar sesgos indebidos.
En este contexto, resulta especialmente aconsejable que para el seguimiento de una variable tan compleja y diversa como los precios del consumo utilicemos toda la batería de indicadores disponibles al respecto. Así pues, además del registro del IPC de diciembre, son también especialmente relevantes otras referencias de la estadística oficial como el ya citado deflactor del consumo privado, o la inflación subyacente, que puede que sea la mejor alternativa, ya que, además de ser más estable, depura las componentes más volátiles como la alimentación y la energía, donde se ha concentrado esta controversia.
Siempre es posible mejorar y perfeccionar la calidad de la estadística oficial, pero ello no justifica cuestionar la integridad y el buen hacer de una institución como el INE, que es ejemplar en su dilatada trayectoria, y cuya credibilidad descansa no solo en sus metodologías sino en su independencia profesional, la cual se ve inevitablemente afectada con cuestionamientos como los vividos en los últimos meses.