Intento de cobro de 5 millones en comisiones por la venta de test
► La Junta denunció a la Fiscalía y cesó a un eventual de Salud como presunto contacto del intermediario
► El empresario García Gallardo y dos personas de su entorno, en libertad con cargos tras la investigación policial
El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada de la Policía Judicial de Sevilla investiga desde hace un año al empresario gaditano Manuel García Gallardo, fundador de la firma Quality Food, y a su entorno, por el presunto intento de cobro de una comisión de 5 millones de euros en la venta no consumada de test de detección de Covid en 2020 al Servicio Andaluz de Salud, aprovechando la alta demanda de este tipo de productos en ese momento y el periodo de las contrataciones por vía de urgencia debido a la pandemia.
Como informó ABC, los hechos han trascendido tras la detención el pasado martes de García Gallardo junto a una hermana y una trabajadora de su empresa. Ayer pasaron a disposición judicial quedando en libertad con cargos por un presunto delito de cohecho.
Los hechos fueron denunciados por la Junta de Andalucía a través de un funcionario de la Consejería de Salud y Familias, instructor de un procedimiento administrativo interno abierto el 4 de diciembre de 2020 y que finalizó con la expulsión de un trabajador eventual, asesor en la Consejería de Salud, presuntamente relacionado con el empresario gaditano.
El soplo
Otro empresario asturiano, que había ofertado a finales de septiembre al Servicio Andaluz de Salud un sistema de mochilas con reactivos para la realización de PCR, habría advertido a la Junta de Andalucía de que un mediador, el propio García Gallardo, que había contactado con su firma para informarle de la expectativa de ese contrato, le informó de que «para poder proveer de bienes o servicios a la Junta de Andalucía, el único camino era, en un primer contrato, presentar la factura con un incremento de cinco millones de euros sobre el valor de los productos suministrados». Así, si en un primer momento el precio de venta de más de un centenar de mochilas con reactivos para la realización de PCR, tenía un precio de 19 millones de euros, tendría que solicitar 24 millones.
El proveedor refirió que el ‘intermediario’ aseguraba tener un ‘enlace’ con un supuesto jefe de gabinete del propio consejero de Salud. Además, decía tener correos electrónicos y grabaciones que podrían probarlo si bien era remiso a entregarlos.
La información verbal del empresario llevó a un trabajador eventual, cargo de confianza en labores de asesoramiento del consejero, que no tenía acceso directo al proceso de compra de bienes y servicios de la consejería ni del Servicio Andaluz de Salud.
A la espera de tener acceso a las pruebas que aseguraba tener el empresario, la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García Carrasco, decidió la apertura de una investigación interna en una reunión el 2 de diciembre de 2020 en la que participaron altos cargos de la consejería para plantear si era factible iniciar el procedimiento sancionador al trabajador eventual ante las sospechas de su presunta actuación irregular.
A la Fiscalía
El día 4 de diciembre se nombró al instructor que pondría los hechos en conocimiento de la Fiscalía una semana después. Previamente, el funcionario encargado de la investigación solicitó formalmente al empresario la aportación de las pruebas antes del 11 de diciembre, esgrimiendo éste que tendría que aportarlas ante notario en su lugar de residencia. Al tiempo, se requirió al servicio de informática de la consejería para realizar una copia de seguridad del correo corporativo del asesor, modificar sus contraseñas y retirarle el equipo informático.
El trabajador eventual sospechoso de presunta colaboración con el intermediario fue cesado el 10 de diciembre. Este exasesor, militante del PP de Córdoba, está investigado en la causa. Tras abrirse el expediente dirigió a la viceconsejera una carta en la que hacía referencia a «intercambio de correos, uso de información personal en grabaciones, supuesta autorización de compras y sobreprecios, supuestas recomendaciones, comisiones y supuesto enriquecimiento», escrito que se puso en conocimiento de la Fiscalía. El despedido autorizó posteriormente el libre acceso a su correo corporativo, documentación física, llamadas recibidas y enviadas así como su puesta a disposición de la Fiscalía, que contó con estos medios, incluido el ordenador del exasesor para su investigación.
Fuentes policiales aseguran que la colaboración de la administración ha sido total en la aportación de pruebas y en la discreción durante el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía remitió el caso al juzgado en junio de 2021, al advertir indicios de delito. La instrucción llevó a la detención del empresario Manuel Garrido Gallardo. Él y una colaboradora de su empresa fueron detenidos el martes en San Fernando y posteriormente era detenida la hermana del empresario después de dejar a sus hijos en el colegio. Ayer pasaban a disposición judicial acordando el juez su puesta en libertad con cargos.
Manuel García Gallardo fue investigado desde el año 2000 y condenado en 2019 a diez años de prisión por delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y apropiación indebida, por el caso «Quality Food», nombre de su empresa de alimentos cuya posibilidad de negocio habría ‘maquillado’ para obtener subvenciones y créditos. La pasada semana el Supremo ha ordenado la repetición de ese juicio.