Faffe: Enchufes, despilfarro de dinero y contratos amañados
► Los grupos establecen responsabilidad política de Chaves, Griñán, Díaz y Montero
Tres años de sesiones, sesenta comparecencias, y miles y miles de documentos de todo tipo han pasado por las manos de los diputados del Parlamento andaluz en la comisión de investigación de la extinta Faffe que ayer concluyó los trabajos de los grupos políticos con la presentación de sus correspondientes dictámenes. Ahora el presidente de la misma deberá elaborar un documento final con esas conclusiones que será aprobado por el Parlamento
andaluz si cuenta con los votos suficientes... y si da tiempo antes de que se disuelva la Cámara para la convocatoria de las elecciones.
El objetivo de este órgano parlamentario era dirimir responsabilidades políticas por el descontrol, dispendio de dinero público y presuntos delitos cometidos en una fundación, Faffe, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, que estuvo activa entre 2003 y 2011, manejó un presupuesto de 480 millones de euros, además de contar con más de 1.100 contratados.
La identificación del máximo (o los máximos) responsables políticos de ese dislate genera discrepancias entre los grupos políticos que, curiosamente, «absuelven» a los expresidentes con los que pactaron en el pasado. Así, PP y Vox señalan a los tres expresidentes socialistas: Manuel Chaves,
José Antonio Griñán y Susana Díaz, además de la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Ciudadanos, por su parte, exime a Susana Díaz cuya investidura apoyó en 2015 alegando que «cuando ella llegó ya se había integrado en el Servicio Andaluz de Empleo», según las palabras de Juan de Dios Sánchez. Unidas Podemos, por su parte, centra la «responsabilidad directa» en Manuel Chaves y deja al margen a Griñán y a Susana Díaz puesto que formaron gobiernos con ambos presidentes.
Los socios del Gobierno andaluz discrepan en sus conclusiones. El PP señala a Susana Díaz, y Ciudadanos la deja al margen
El PSOE, por su parte, considera que se ha tratado de un «paripé» y que no se ha tenido en cuenta la presunción de inocencia de las personas que han comparecido. Soledad Pérez ha tenido duras palabras para la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y el presidente de la comisión, Enrique Moreno, ambos de Ciudadanos. Tanto que ha pedido que se haga un reglamento sobre estas comisiones en el Parlamento para evitar que haya «vejaciones» en el futuro.
Los desmanes
Lo que sí ha quedado claro es que las irregularidades fueron la clave en la gestión de esta fundación que despilfarró el dinero de los parados andaluces. Del montante total del presupuesto con el que contó en sus años de actividad, 480 millones de euros, hay 115 millones de euros que todavía están sin justificar. Son subvenciones que debía reclamar la Junta, algunas de ellas están en proceso administrativo y/o judicial, y todavía no se han recuperado. Es sabido, además, que 20.000 euros terminaron en fiestas en prostíbulos de Sevilla y Cádiz y que el director gerente de la Faffe, Fernando Villén, tenía carta blanca para gastar lo que consideraba. En cuatro años pasó de cobrar 50.000 euros al año de sueldo a 79.116.
La comisión ha desvelado muchos detalles relevantes que incluyen los grupos en sus dictámenes. Así, en 2011, cuatro meses antes de su disolución, la Faffe firmó un contrato de alquiler blindado por una nave en Jerez a razón de 8.000 euros al mes por un plazo de 15 años. Un total de 1,4 millones de euros que la Junta ha tenido que pagar.
Muchos de los trabajadores de la Faffe, que entraron a trabajar en la fundación con procesos irregulares (como parece que fue el caso de la mujer de Juan Espadas) y fueron los encargados de gestionar los expedientes de los ERE, «eludiendo el control de los funcionarios de la Junta».
Los trabajadores de la Faffe estaban dentro de los gabinetes de los consejeros, era una fórmula para eludir el tope legal de contrataciones que tienen los altos cargos en la Junta. Otro dato que muestra la relajación con la que se gastaba el dinero público. La partida para publicidad, marketing y protocolo sumó 11 millones de euros, tres para un solo ejercicio. De ahí salió el dinero para los prostíbulos.