El Gobierno esquiva el control de Bruselas en todos los rescates
► La Comisión Europea solo pide una notificación específica para los créditos participativos de más de 250 millones ► La SEPI ha troceado las ayudas que ha dado en los 14 rescates realizados para evitar superar este umbral
La Comisión ya rechazó investigar las ayudas a Plus Ultra pese a la insistencia del eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano
El Gobierno rescatará en los próximos días a Técnicas Reunidas con 340 millones de euros. Será el decimocuarto rescate del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), y el segundo por nivel de cuantía, solo por detrás del de Air Europa (475 millones). En ambos casos, así como en la concesión a Ávoris (320 millones), las ayudas superaron los 250 millones. Una cantidad a partir de la cual los rescates a grandes compañías se tienen que someter al control de la Comisión Europea. Sin embargo, como ya ocurrió anteriormente con las dos firmas participadas por Globalia, el Ejecutivo ha troceado los préstamos a Técnicas Reunidas para esquivar el control de Bruselas.
Así las cosas, esta misma semana la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –la gestora del fondo para empresas estratégicas– dio luz verde al consejo gestor de este mecanismo para que resuelva el expediente de Técnicas Reunidas y sea posteriormente elevado a Consejo de Ministros. El comunicado concretaba que se apoyaría a la compañía industrial con un préstamo ordinario por importe de 165 millones de euros y un préstamo participativo por valor de 175 millones.
Es precisamente en la condición de este último préstamo donde reside la maniobra del Gobierno para eludir la vigilancia de Bruselas. La Comisión estima que cuando se superen los 250 millones en instrumentos híbridos de capital se requerirá la información necesaria para que la Comisión evalúe si la intervención de apoyo se ajusta a los requisitos del marco temporal. Esta es la condición, por ejemplo, de los préstamos participativos, que computan como patrimonio en el balance de las empresas rescatadas y bajo los que el Gobierno se ampara de cara al derecho a tener su propio miembro en el consejo de las firmas apoyadas.
En concreto, la norma europea estima para las ayudas a empresas en las que se den estas circunstancias que «las autoridades españolas acompañarán a la notificación, la prueba de la solicitud escrita de la ayuda por parte de la empresa beneficiaria, junto con la información necesaria para que la Comisión evalúe si la intervención de apoyo es acorde a las condiciones estipuladas».
El caso más representativo ha sido el de Air Europa. La aerolínea inauguró el fondo de la SEPI en noviembre de 2020 tras meses de espera e incertidumbre, ya que la negociación con el Gobierno para cerrar el rescate se demoró más de lo previsto. El propio presidente de la empresa, Juan José Hidalgo, metió presión al Ejecutivo en varias ocasiones y llegó a asegurar que iban a durar «dos telediarios» si no agilizaban la llegada de los créditos.
La demora producida en el proceso provocó, además, que el rescate concedido fuera más elevado de lo previsto, porque la compañía ‘quemaba’ dinero a diario en un contexto de fuertes restricciones al sector aéreo. Finalmente fueron 475 millones los que recibió Air Europa, una cifra que hoy, 12 rescates después, sigue siendo la más alta facilitada desde el fondo a una empresa.
Rivales de Air Europa como Ryanair reclamaron a la Comisión Europea que vigilase las condiciones de la subvención. Pero esto finalmente no fue necesario, porque el Ejecutivo decidió trocear los préstamos que concedió a Air Europa en dos: uno ordinario de 235 millones de euros y otro participativo de 240 millones. Solo diez millones por debajo del tope establecido por la Comisión Europea.
La cota de los 250 millones también permitió al Gobierno no tener que facilitar información a Europa sobre el polémico rescate con 53 millones a la aerolínea vinculada a empresarios chavistas, Plus Ultra. La misma SEPI lo plasmó así en la firma del acuerdo con la aerolínea. «No es necesaria autorización por parte de la Comisión Europea a la operación de apoyo financiero público temporal solicitada, al ser el instrumento híbrido de capital que contempla, considerando como tal al préstamo participativo, de importe inferior a doscientos cincuenta millones de euros», argumentó el holding público.
Y no solo para autorizar el rescate, sino que posteriormente la maniobra sirvió para despejar la fiscalización de Bruselas a la concesión del apoyo a la compañía aérea. Sonada fue la petición de investigación a Plus Ultra por parte del eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano. Un procedimiento que sirvió para conocer los documentos claves del rescate –que el Gobierno hasta ahora no ha querido hacer públicos, escudándose en la Ley de Secretos Oficiales de 1968–, pero que no fue más allá. De hecho, a la polémica respondió la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que despejó balones al asegurar que la petición de Garicano «no se
podía tratar como una denuncia formal, sino como información de mercado» al tratarse de una ayuda inferior a 250 millones de euros.
Lo cierto es que hasta ahora la mayoría de ayudas concedidas por el fondo apenas han llegado a la mitad de esa cantidad. Exceptuando a Avoris y la hotelera Hotusa, a la que se otorgó 241 millones de euros, las ayudas más cuantiosas han llegado a Duro Felguera (120 millones) y Tubos Reunidos (112 millones de euros). El resto han sido rescates menores, en casi todos los casos por cuantías que no han superado los 35 millones, una cifra que dista poco del mínimo a solicitar (25 millones).
De hecho, la SEPI sigue mirando al ‘dedillo’ los grandes rescates. Expedientes como el de Celsa, que pidió 700 millones hace ya cerca de un año, o el de Abengoa (249 millones) siguen atascados. El tiempo ya apremia y son más de medio centenar de casos y 5.000 millones de euros los pedidos al fondo para empresas estratégicas. Un alud que la SEPI tendrá que resolver antes de julio, cuando Bruselas retire los mecanismos de ayuda a las empresas afectadas por el Covid-19.