Lo que hacen y no hacen los obispos

Durante estos días, una idea recurrente se ha asentado en el imaginario social: la comisión de investigación de la pederastia en la Iglesia del Congreso se crea porque los obispos se niegan a investigar esta lacra. La sociedad española sabe más lo que los obispos no hacen que lo que están haciendo. Es hora de darle la vuelta al argumento.

No debemos olvidar que los religiosos no dependen de los obispos, sino de sus superiores mayores. En España la Confer o Confederación Española de Religiosos existe a efectos de sinergias. No tiene ninguna potestad sobre cada instituto concreto.

¿Qué es lo que han hecho hasta ahora los obispos? Hay que distinguir entre el nivel diocesano y el nacional. En el diocesano, lo primero es cumplir con los cambios de la normativa canónica. Tal y como ha recordado esta semana el arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta, único hasta ahora en hacer un informe público de las decisiones en su diócesis, lo primero fue la aplicación del motu proprio ‘Sacramentorum Sanctitatis Tutela’ de 2010, promulgado por el Papa Benedicto XVI. Después vino la reforma del libro VI del Código de Derecho Canónico, del pasado septiembre de 2021 por el Papa Francisco, así como su motu proprio de 2019 ‘Vos estis lux mundi’. También en 2020 la Congregación para la Doctrina de la Fe promulgó un vademécum para poder tratar estos casos con el máximo rigor y seriedad.

Como consecuencia de esta legislación, en cada una de las 69 diócesis territoriales, más la castrense, se ha creado la Oficina de Protección de menores y Prevención de abusos, tal y como establece la normativa. La oficinas están recibiendo las denuncias actuales, se reúnen y acompañan a la víctimas. Les ofrecen ayudas varias. Han investigado los archivos diocesanos. Son las encargadas de la colaboración con las instancias judiciales correspondientes.

Además, en las diócesis españolas se han creado protocolos para la prevención en parroquias, colegios diocesanos, asociaciones, así como para la creación de espacios seguros, aplicando el Protocolo marco de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Se está desarrollando también un plan de formación en estas materias para sacerdotes, seminaristas, catequistas y agentes de pastoral.

Las diócesis que han recibido los casos de abusos recopilados por el diario ‘El País’ los están investigando. Según los resultados, darán curso a las instancias judiciales oportunas, tanto canónicas como civiles.

Vayamos al nivel nacional, competencia de la Conferencia Episcopal. Aquí, los obispos españoles aprobaron en la última Asamblea Plenaria, después de un intenso trabajo, y remitieron a Roma para un plácet que hará que sea normativo, un Decreto General de la Conferencia Episcopal Española de obligado cumplimiento. Este Decreto introduce aspectos novedosos sobre las garantías procesales, por ejemplo, para las víctimas, que van a más allá de los dictados por las reformas romanas. Decreto obra de una Comisión de juristas de la CEE. El Vaticano lo considera un modelo para otros episcopados.

Por otra parte, los obispos españoles están, de facto, convirtiendo el Tribunal de la Rota Romana de Madrid, instancia única en el mundo, en un tribunal canónico de Derecho Penal especializado en estos casos. Hay episcopados que han solicitado a Roma un tribunal penal como nuestra Rota Matritense.

También se está ultimando la creación de una comisión asesora con personalidades de prestigio para la ayuda de las Oficinas diocesanas. Quizá tengamos noticias pronto.

¿Qué están haciendo las congregaciones religiosas? En aplicación de la normativa general de la Iglesia, han creado Oficinas de Prevención en cada congregación. Están desarrollando protocolos en colegios y obras apostólicas. También están investigando los casos de ‘El País’. Además, hay congregaciones que ya han dado el paso hacia la indemnización a las víctimas recientes.

¿Qué no están haciendo los obispos en comparación con otros episcopados? No consideran oportuno hacer una investigación histórica general –dado que solo se puede hacer diócesis por diócesis y la mayoría ya la han hecho–, ni una sociológica proyectiva, como en Francia. No llevan la iniciativa. Quizá el mayor problema sea el relato público, la comunicación.

Las diócesis están investigando las denuncias. Se dará curso a las instancias judiciales oportunas