El jefe policial de Marlaska dice al juez que se enteró del caso Gali por la prensa
Según su versión, que blinda al ministro, escoltaron al líder del Frente Polisario sin saber quién era
El director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González Jiménez, ha negado haber participado en la operación encubierta que desplegó el Gobierno de Pedro Sánchez para introducir clandestinamente en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en abril del año pasado. Ayer, ante el juez que investiga este caso por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y encubrimiento, el DAO dijo que se enteró de la operación por los periódicos. La versión del desconocimiento cortocircuita la línea de investigación del juez Rafael Lasala en el Ministerio del Interior y blinda al ministro Fernando Grande-Marlaska. El DAO es el máximo mando operativo de la Policía. Está justo debajo del director general. Por tanto, forma parte del cuadro de mando de la cúpula del Ministerio del Interior.
González Jiménez tuvo que comparecer ante el juez después de lo que declaró el comisario general de Información, Eugenio Pereiro, a finales de noviembre. Reconoció que él supo de esa entrada furtiva poco antes de que se produjera. Le dijo al juez que se lo contó un confidente y que se lo comunicó al DAO. A donde no llegó la información fue a la Audiencia Nacional, que llevaba meses buscando a Gali porque estaba incurso en varias causas penales por los delitos –entre otros– de terrorismo, torturas y genocidio.
Cobertura de Interior
En vez de identificar al líder del Polisario y ponerlo a disposición de la Justicia, la Policía desplegó un operativo para darle cobertura de seguridad y vigilancia. Fue escoltado desde la Base Aérea de Zaragoza –donde aterrizó procedente de Argelia– hasta el hospital público de Logroño, en el que fue ingresado con identidad falsa. Ese dispositivo de agentes de Interior se mantuvo también en el propio hospital, centro que depende del Gobierno riojano, que preside la socialista Concha Andreu.
Preguntado por esta cobertura policial, el DAO dijo ante el juez que él no tuvo nada que ver, que ni siquiera sabía que el encubierto era Brahim Gali y que el dispositivo lo habría decidido por su cuenta el comisario general de Información. Es decir, según la versión dada por el máximo responsable operativo de la Policía Nacional, se desplegó un dispositivo de escolta y vigilancia para un líder del Polisario a sabiendas de que había entrado furtivamente, sin identificarlo ni comunicarlo a las autoridades judiciales.
Según el jefe policial de Marlaska, cuando Pereiro le llamó no le dijo que el que iba a entrar furtivamente en España era Gali, sino un líder del Frente Polisario, sin especificar que se trataba de su máximo responsable. El DAO le explicó al juez que no le dio mayor importancia al asunto, que no se lo comunicó ni a sus superiores, que tampoco dio orden alguna al respecto y que se enteró de que era Gali cuando el caso lo destaparon los medios de comunicación, el 23 de abril –el saharaui ya llevaba cinco días en España–. Más aún, según la versión policial expresada ayer ante el juez, de forma fehaciente y personal no identificaron a Gali hasta el 5 de mayo, cuando ya llevaba 17 días en España bajo identidad falsa y amparado por el Gobierno: fue acogido furtivamente el 18 de abril, de acuerdo con Argelia, para curarle el Covid.
El abogado que ejerce la acusación popular y que promovió esta investigación judicial, Antonio Urdiales, califica de totalmente inverosímil esta versión del DAO. Anuncia que va a solicitar nuevas diligencias.
Esa operación clandestina se ha saldado, de momento, con la imputación de la exministra Arancha González Laya y de quien fue su jefe de gabinete en Asuntos Exteriores, Camilo Villarino. Ambos coordinaron la acogida de Gali.