Díaz enciende a las empresas con la propuesta de elevar el salario mínimo a 1.000 euros desde enero
La ministra se alinea con los sindicatos en la defensa de un alza que supone 35 euros más que en 2021
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto a los agentes sociales aumentar el salario mínimo hasta 1.000 euros al mes, 35 euros más, y hacerlo con efectos retroactivos al 1 de enero. La oferta, que se produce a seis días de las elecciones en Castilla y León, está alineada con las pretensiones sindicales, pero muy lejos de la patronal, que avisa del impacto en pymes y autónomos. Ahora, la ministra escuchará las alegaciones de las partes en un nuevo encuentro que se producirá mañana y es su intención llevar la medida para su aprobación al Consejo de Ministros antes de que acabe el mes.
Díaz retomaba ayer las negociaciones para acometer un nuevo aumento del indicador en un momento delicado tras su desgaste en las negociaciones de la reforma laboral y su polémica aprobación gracias al voto equivocado de un diputado del PP. La ministra hace ahora del alza del SMI su próximo objetivo con el que ganar músculo, aunque se va a volver a encontrar con el muro de los empresarios, que, como hicieran ya en septiembre, rechazan un nuevo incremento por entender que «no es el momento», con las empresas ya cargadas de costes en una pandemia de la que a duras penas logran recuperarse. Los sindicatos, sin embargo, han puesto encima de la mesa la exigencia de que este sueldo, que hoy perciben casi dos millones de trabajadores, llegue a los 1.000 euros mensuales.
La subida del SMI apunta maneras para convertirse en el detonante de un nuevo enfrentamiento y es altamente probable que se vuelva a reproducir lo que ocurrió cuando este salario llegó a los actuales 965 euros en 2021. Entonces, Díaz tuvo que renunciar al alto valor político que ella otorga a los pactos amplios y centró su estrategia en la firma con los sindicatos. El acuerdo incluyó también un incremento retroactivo a enero, aunque la vicepresidenta segunda evitó establecer una senda de subida hasta los 1.000 euros, como exigían las centrales. Los roces con la titular de Economía, Nadia Calviño, fueron sonoros en esta negociación por cuestiones de fondo y de calendario. La responsable económica intentó frenar el acuerdo rechazando la posibilidad de que la subida fuera retroactiva, como finalmente logró Díaz. Se abría así un nuevo capítulo de enfrentamientos, que también fueron públicos en los ERTE o las ayudas directas a las empresas.
Sectores como el campo
El pulso en la mesa de negociación se antoja duro, aunque breve. La patronal insiste en que son los negocios más pequeños los que deben soportar un nuevo alza en un indicador que ha crecido ya un 30% en los últimos tres años, que soportarían sectores sensibles como el campo y que se produciría en un momento en el que dos terceras partes de las empresas no han logrado recuperar niveles de facturación precrisis, lo que supondría un mazazo también para el empleo. «Si el salario mínimo alcanza los 1.000 euros mensuales los trabajadores afectados llegarían a los 3,5 millones, que tienen salarios por debajo de 1.167 euros en 12 pagas», apunta una fuente empresarial a ABC. Añade que situar el SMI en 1.000 euros tendrá un coste de 600 euros anuales por trabajador, contando sueldo más cotizaciones.
UGT y CC.OO. acataron en septiembre el escenario medio de subida en 15 euros para 2021 propuesto por el Gobierno, que, a su vez, tomó la referencia de las propuestas realizadas por un comité de expertos, cuyo informe fue encargado por la propia Díaz. Estos concluyeron que este indicador debía alcanzar los 1.049 euros en 14 pagas en 2023 en su rango más alto o 1.011 euros en el más bajo. El informe, sin embargo, no era ajeno a la situación pandémica y por ello sugería la aplicación de estas subidas al final de la legislación, cuando se pensaba que mejoraría la situación económica.
En una reunión como la de ayer, que era de negociadores técnicos, no es habitual que acuda la ministra pero Díaz lo hizo para lanzar tres mensajes «fuertes» al país y a los interlocutores sociales: que el diálogo social continua; agradecer públicamente el trabajo de patronal y sindicatos; y que el Gobierno sigue trabajando «para que avance España».
Yolanda Díaz recordó que la ley no obliga al Gobierno a negociar esta subida, sino solo a consultarla con patronal y sindicatos, por lo que su intención es «con mucha prontitud» llevar lo que se acuerde «bilateral (solo con los sindicatos) o trilateralmente (también con la patronal) al Consejo de Ministros».