Brufau, Repsol, Fainé y Caixabank de nuevo imputados en el caso Villarejo
► La Audiencia Nacional afirma que hay indicios suficientes como para seguir investigando
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó reabrir la pieza del caso Villarejo que investigaba el encargo conjunto a sus empresas que recibió de Repsol y Caixabank, de manera que tanto las dos mercantiles en calidad de personas jurídicas como el presidente de la petrolera, Antoni Brufau, y el expresidente de la entidad financiera, Isidro Fainé, vuelven a estar imputados. En una resolución notificada ayer, el tribunal atiende así a los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y otras acusaciones contra la decisión que adoptó el pasado julio el juez Manuel García Castellón, que exoneró tanto a Brufau como a Fainé y a las dos corporaciones por no apreciar indicios de su conocimiento y participación en un encargo a la empresa del comisario que costearon a medias.
Ya en septiembre, el instructor acordó cerrar la investigación y proceder contra los ex jefes de seguridad de ambas empresas, fijando en su nivel el techo de responsabilidad por este asunto. El auto de la Sala hace referencia a la primera decisión, pero al ordenar la práctica de diligencias de facto revoca el cierre de las pesquisas.
La orden, de Brufau
El encargo consistía en investigar al entorno del constructor Luis del Rivero porque Sacyr fraguaba un pacto con Pemex que perjudicaba los intereses de Repsol y así, de Caixabank. El juez, tras escuchar a Fainé y a Brufau acordó exonerarles al no apreciar indicios concluyentes, pues no había ni audios ni documental que revelase que sabían del tema. Sin embargo, el tribunal sí ve «indicios de que la orden de investigar pudo partir de la presidencia de Repsol y de que el presidente pudo ser informado de sus resultados». En este sentido, considera que «hay indicios de los que puede desprenderse que la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación, así como de otras dirigidas a reaccionar contra el pacto Sacyr-Pemex partió del señor Brufau y que éste fue informado con detalle de los resultados de las gestiones del Grupo Cenyt, alguno de los cuales conllevaba información difícilmente obtenible de no haber mediado la intervención de funcionarios públicos». «También los hay de que la investigación pudo conllevar el acceso a ficheros informáticos con datos reservados sobre llamadas telefónicas y otras comunicaciones de diversas personas relacionadas con Sacyr», añade la Sala. A juicio del tribunal, esto ya en sí mismo es «indicativo de la posible intervención en la obtención de esos datos de un funcionario público, lo que constituye un indicio del conocimiento por quienes contratan los servicios, los abonan, ordenan contratarlos o abonarlos, y reciben información de sus resultados» de que tras ellos estaba un policía en activo.
Respecto de Fainé, la Sala considera que las diligencias practicadas obligan a continuar el procedimiento contra él, en línea con el razonamiento aplicado en el caso de Brufau. Recuerda además que en su declaración ante el juez reconoció que estuvo de acuerdo con el presidente de Repsol en la necesidad de que los departamentos de seguridad de ambas empresas colaborasen en el asunto Sacyr-Pemex.
Por último, sobre las personas jurídicas, la Sala entiende que en todo caso, no se puede cerrar el asunto sin tomar declaración a los representantes de Repsol y Caixabank ni recabar el informe de consultoría que hizo KPMG sobre políticas de cumplimiento y prevención del delito dentro de la petrolera, pues hay indicios de que no se aplicaron debidamente los controles.
Fuentes de Caixabank y Repsol expresaron ayer su entera disposición a colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos.
El tribunal apunta que el presidente de la petrolera «pudo ser informado» del encargo al comisario y ordena investigar más