Los celadores demandan a Armengol por exigir el catalán
«No hay título de catalán que supla los años de experiencia», se quejan los afectados en la sanidad pública
Tras 17 años trabajando en la sanidad pública de Baleares, Nico se queda ahora en la calle. La experiencia, los cursos de formación continuados, el sobreesfuerzo hecho durante la pandemia llevando el EPI «cinco horas diarias» y asumiendo tareas de otros colegas ya no cuentan para el Gobierno de Francina Armengol. «Lo único que les importa es la política, que tenga un título de catalán que no necesito para atender a los pacientes», denuncia a ABC este celador andaluz de 35 años, que no ha parado de trabajar en los hospitales públicos desde que llegó a Mallorca en 2005.
La ‘bofetada’ de la Administración pública se plasmó el pasado mes de noviembre cuando el Servicio balear de Salud (IB-Salut) decidió excluir de las listas de trabajo a unos 2.500 profesionales –entre ellos, Nico– por no acreditar el título A2 de conocimientos de lengua catalana. Muchos ya estaban dentro del bolsín y acumulaban años de trabajo. ¿Y ahora qué? «En unos meses, cuando se apruebe este corte del bolsín, todos a la calle y sin posibilidad de trabajar en la sanidad pública», resumen una treintena de afectados, que se han movilizado para presentar un contencioso contra el Ejecutivo de Armengol ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en la que piden la suspensión cautelar de esta medida.
La demanda, planteada por el despacho Florit Abogados, señala que el conocimiento del catalán «no puede ser causa de exclusión del procedimiento selectivo y menos aún en el caso del personal ya inscrito». Esta bolsa de trabajo se abrió para actualizar méritos y para nuevas incorporaciones pero «lo que sucedió es que se echó a gente, que era algo no previsto; ahí está el núcleo de la demanda», señala el letrado Ernesto Florit.
«Nos ha pillado a todos por sorpresa. ¿Así nos pagan el esfuerzo de estos años de pandemia?», se lamenta Nico, que entró en este bolsín en 2018 sin que le pidieran el catalán, pasando unos filtros y pagando una tasa, mientras en otras comunidades como Castilla-La Mancha o Andalucía «apuntarse es gratis».
El caso de este celador del hospital palmesano de Son Llàtzer es dramático porque estaba el primero de la bolsa de trabajo con la máxima puntuación. Ahora, de golpe se queda fuera, con una hipoteca y una hija menor con una custodia compartida en Mallorca. Irse a la península no es una opción por su situación. «No sé qué voy a hacer. Sólo quiero trabajar», clama.
David se plantea volver a su Salamanca natal. Más barato, salario similar y sin la imposición del catalán. Hace cálculos para salir de ésta ahora que acaba de ser padre: si junta el permiso de paternidad más el paro puede subsistir un tiempo mientras estudia catalán. Este celador afincado en Mallorca desde hace nueve años es otro de los 2.500 celadores expulsados por el catalán. No ve lógico que colegas veteranos sean sustituidos por otros con cero puntos por la lengua: «No hay título de catalán que supla tantos años de experiencia». Nico y David no han tenido problemas con el catalán en la sanidad, pese a que el sector catalanista está presionando para imponer la atención en esta lengua interponiendo denuncias lingüísticas a sanitarios. «La realidad en los hospitales es que el 70% somos trabajadores de la península castellanohablantes y nos hacemos entender en el idioma que sea», afirma David, que como muchos compañeros estudia catalán pero «aprobar no es tan fácil», avisa.
Hace dos semanas volvió a presentarse, pero la dificultad de los exámenes de lengua catalana del Govern es de sobra conocida: «En principio, nos piden un A2, que es un nivel básico, pero hay que sacar un 7 para superarlo. Encima no hacen nota media de la parte teórica y de la práctica como en otros sitios, con lo cual siempre hay un alto porcentaje de suspensos», se queja.
Los celadores también alegan en su demanda «discriminación» con respecto a otras categorías, como las enfermeras, a quienes Salud les permitió presentarse a un bolsín sin la titulación lingüística el pasado mes. Salud se justifica en la escasez de profesionales de la enfermería para excepcionar el requisito, a diferencia de los celadores. Pero ellos lo desmienten: «Vamos justos de personal. A mitad de enero ya estaban dando plazas a gente con cero puntos. Imagínate si encima quitan a 2.500 trabajadores disponibles lo que va a pasar...».
Paralelamente a esta demanda, el sindicato CSIF está a la espera de que Salud «recapacite», y, tras presentar alegaciones a la lista de excluidos y un recurso de reposición, se plantea una demanda judicial de otros 50 celadores que han contactado con la organización. Su portavoz, Luis Apolinar, recalca que en la convocatoria original de 2018 los celadores no tenían requisito del catalán y «entraron en esas condiciones y ahora, sobre la marcha, no pueden cambiar los criterios e imponer el requisito, ni mucho menos sacar a gente que estaba dentro de la bolsa».
Cambiar el criterio
Por su parte, el sindicato USAE reconoce que en estos momentos no hay déficit de celadores pero si se eliminan estos 2.500 de la lista, cree que «el IB-Salut tendrá un problema», sobre todo en Ibiza donde «el pasado verano ya tuvieron que traer a 50 empleados de la península y eximirlos del catalán».
El Sindicato Médico de Baleares lleva tiempo defendiendo que el catalán sea un mérito y no un requisito, «más aún en el actual contexto en el que faltan 800 médicos», y en el que la exigencia del catalán «supone un factor disuasorio para captar profesionales».
La exigencia del catalán en la Administración balear está en vigor desde 2015, cuando el autoproclamado Pacto de Progreso –PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més– modificó la Ley de Función Pública para que fuera un requisito, en vez de un mérito. La nueva ley establecía excepciones para contratar en la sanidad pública, pero la presión de los socios ecosoberanistas forzó a Armengol a aprobar un decreto específico para regular la exigencia del catalán del personal sanitario. El rechazo social obligó a Armengol a otorgar un plazo de dos años para sacarse el título, pero los tribunales se pronunciaron anulando esta moratoria.
«Nos ha pillado a todos por sorpresa. ¿Así nos pagan el esfuerzo de estos dos años de pandemia?», se lamenta Nico