Díaz invita, empresas y familias pagan
La subida del SMI puede poner en aprietos a muchos negocios
No solo las medicinas tienen efectos secundarios. La subida del salario mínimo que Gobierno y sindicatos acaban de pactar, apenas cuatro meses después de que se aprobara el último incremento. puede provocar graves problemas no a las grandes empresas con millones de beneficios, sino a pequeñas firmas, agricultores, autónomos y familias que han hecho frente desde el año 2018 a un incremento de más del 35% en el SMI. Los 736 euros por catorce mensualidades que se pagaban cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, han pasado a 1.000 euros mensuales. Y si le sumamos las cuotas a la Seguridad Social, el coste mínimo total de contratar a una persona se sitúa en más de 17.000 euros al año.
La vicepresidenta Díaz, que no sacó todo el rédito que pensaba del pacto sobre la reforma laboral, por la negativa de sus socios –ERC y Bildu– a aprobarla, intenta ganar de nuevo protagonismo con esta nueva medida. ¿Quién se va a oponer a que subamos el sueldo a los que menos ganan? Debe haber reflexionado. Y menos en vísperas electorales. Eso sí, ella invita, y las empresas y las familias pagan.
Los casi dos millones de trabajadores afectados estarán muy contentos si logran mantener sus puestos de trabajo. Pero no nos engañemos, habrá agricultores, comerciantes, hosteleros, cuyos negocios no les permitirán destinar más de 17.000 euros anuales a contratar a trabajadores poco cualificados. Y habrá familias que no puedan permitirse pagar esas cantidades a un cuidador para sus mayores o para sus hijos.
¿Y cuál es la alternativa? Lo menos malo será que se cambien contratos a tiempo completo por otros a tiempo parcial. Pero también hay una alta probabilidad de que quien no pueda hacer frente a estos sueldos, opte por pagar en negro, o directamente no contrate a nadie.
Los estudios realizados con las anteriores subidas del SMI muestran esos efectos perniciosos sobre el empleo y sitúan a los trabajadores más vulnerables y menos cualificados, que pueden ser expulsados del mercado laboral, como los principales damnificados por esta medida.