El sector público tarda en pagar más del doble de lo que marca la ley

En tiempos de crisis, la morosidad es una consecuencia y también uno de los principales enemigos a combatir para evitar la bancarrota de la economía. Bien lo saben las empresas, que intentan reponerse de dos años de pandemia, luchando además por cobrar las facturas impagadas de sus clientes. En muchos casos, este cliente es la Administración Pública (Gobierno, comunidades, ayuntamientos...), que en 2021 tardó en pagar 61 días, el doble de lo que marca la ley para las operaciones comerciales entre compañías, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

Unos plazos que, sin embargo, suponen el mejor dato desde 2014 y mejoran en 16 días al registrado en 2020, cuando el sector público tardó de media 77 días en hacer frente a sus facturas con las empresas privadas. Una mejora que la PMcM atribuye a los fondos de liquidez extra para las CC.AA. De los 800 encuestados por la plataforma, prácticamente la mitad (48%) asegura que los ayuntamientos son los que más tardan en pagar, con solo un 24% de los consistorios haciéndolo dentro del plazo legal. Los segundos peores pagadores son las comunidades, según el 33% de los encuestados. La que menos tarda en hacer frente sus facturas dentro del sector público es la Administración Central.

De la misma forma, la mejora en los plazos de pago también se hizo notar en el sector privado. El año pasado, las empresas españolas tardaron en liquidar sus cuentas pendientes con otras compañías en una media de 72 días, por los 77 del año anterior.