Escrivá propone que subir los salarios sea más caro que aportar al plan de pensiones
▶ El ministro plantea que las aportaciones de las empresas a estos fondos no cuenten en la base de cotización
En vísperas de la que se anuncia como la negociación salarial más tensa de los últimos años entre empresarios y sindicatos a cuenta de las presiones inflacionistas y del enrarecido clima generado en el diálogo social por la enésima subida del salario mínimo a espaldas de la CEOE, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha venido a agitar un poco más el escenario con la introducción de un elemento más en una ecuación ya de por sí compleja.
El último borrador del anteproyecto de ley que regulará la configuración de los fondos de pensiones públicos incluye una nueva disposición en virtud de la cual se aligeran de cargas fiscales las contribuciones empresariales realizadas a los planes de pensiones de empleo a modo de incentivo para hacer más atractivo a ojos de los empresarios la dotación de este tipo de instrumentos de ahorro.
En concreto, la norma elaborada por Seguridad Social establece que estas aportaciones no se contabilicen (hasta un tope máximo) en la base de cotización de los trabajadores, lo que de aplicarse se traduciría en un ahorro de costes para las empresas que ya aportan a planes de empleo y configuraría un nuevo panorama en la negociación salarial en el que a ojos de las empresas resultaría más rentable abordar las mejoras retributivas por esta vía que por el canal ordinario del incremento de la nómina anual.
En su versión inicial la medida tiene un alcance limitado, que las fuentes del sector del ahorro consultadas por ABC limitan a unos 301 euros anuales por trabajador, si bien fuentes empresariales confían en que el curso de la negociación sirva para establecer la exención total de estas aportaciones o como mínimo a la fijación de un tope bastante más elevado.
Mejor trato fiscal
Fuentes conocedoras de la negociación entre Gobierno y agentes sociales revelan que la medida ha sido incluida en el texto a propuesta de las organizaciones empresariales, que reivindican desde hace años el regreso al esquema fiscal que existía antes del año 2014, en el que las aportaciones empresariales a planes de pensiones de empleo se excluían al cien por cien de la base de cotización.
Ese esquema asegura una ventaja comparativa a las aportaciones a planes de pensiones desde el punto de vista financiero y fiscal frente a otras soluciones retributivas ya sea en forma de pagos en especie o en forma de mejora líquida. El incentivo funciona así. Mientras en una subida salarial ordinaria toda esa mejora se refleja en la base de cotización, en el caso de las aportaciones a planes de pensiones estas no se incluirían en la base de cotización con el correspondiente ahorro para el empresario.
«Podría resultar atractivo para las empresas en la medida que les permite o bien abaratar el coste de las subidas salariales ya pactadas, por la vía de abordar una parte de las mismas a través de aportaciones a planes de pensiones,
Empresas y sector del ahorro opinan que se trata de un incentivo demasiado limitado en su intensidad y que eso lo hará ineficaz
o bien ofrecer por el mismo coste ya previsto una subida salarial algo mayor de la acordada, pero el tope establecido por el Gobierno hace que el incentivo sea muy escaso y no vemos que vaya a ser eficaz», aseguran fuentes del sector empresarial.
«Tiene todo el sentido porque se trata sencillamente de eliminar la penalización que tienen actualmente las aportaciones a planes de pensiones de empleo», argumenta Gregorio Izquierdo, director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que en un estudio del año 2018 ya demandaba la exclusión del cálculo de la base de cotización de las contribuciones de las empresas a los planes de pensiones de sus empleados, «porque no tiene sentido que un pilar del sistema de Seguridad Social financie a otro a costa de soportar un sobrecoste», remacha.
Fuentes del ámbito de la consultoría advierten de que la medida también tiene su reverso oscuro. «No computar las aportaciones de la empresa a los planes de pensiones de empleo en la base de cotización del trabajador implica un recorte de su pensión pública futura, ya que reduce la magnitud de su aportación al sistema y estamos en un sistema contributivo».
Desde Seguridad Social se desmarcan del debate bajo el argumento de que no opinan sobre documentos de trabajo. No es el único cambio que han introducido en su propuesta en busca de garantizarse el apoyo de los agentes sociales. Este guiño a las empresas se compensa con otro a los trabajadores, a los que se permite en el nuevo texto ampliar sus aportaciones al plan de pensiones por encima de la contribución que haga la empresa, una opción que antes estaba restringida.
Asimismo, el último borrador presentado por Seguridad Social también reconfigura la composición de la comisión de control de los fondos, el principal órgano de gestión de los mismos. Seguridad Social renuncia a asegurarse una mayoría de control en el comité pasando de los 9 componentes sobre un total de 17 que tenía en el documento original, a cinco sobre 13.
Según la plataforma de esquemas de retribución flexible Cobee, el plan de pensiones es el beneficio social más demandado por los empleados, aunque solo es el quinto en el ranking de beneficios que ofrecen las empresas.