El PSOE pide al Gobierno la obras para que «agricultores y Doñana convivan»
La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, reiteró ayer que su formación «nunca se ha opuesto» a una revisión del Plan de la Corona Norte de Doñana. Señaló que es «fundamental» garantizar la protección al espacio natural, toda vez que «puede convivir con una agricultura sostenible» que es la que «defiende» su formación, «siempre y cuando se dé a Huelva las infraestructuras hidráulicas que necesita». Cabe recordar que esas obras fueron aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018 con carácter de urgencia y apenas están hechas un 20%. A preguntas de los periodistas Limón señaló que «hay un problema que solucionar», pero «con todas las garantías» y con los informes técnicos y jurídicos necesarios.
Igualmente apuntó que, «en este caso», creen que «hay agricultores que pueden poner en regadío sus tierras porque así lo pueden demostrar, como se ha hecho estos últimos años cuando se puso en marcha el plan». «Hasta 2018 cuando el PSOE estuvo en el Gobierno, según los informes jurídicos y técnicos, se estuvieron poniendo en regadío diferentes hectáreas más», añadió. Limón insistió en que «se dé a Huelva las infraestructuras hidráulicas que necesita, como la presa de Alcolea o el Túnel de San Silvestre, fundamentales para que el agua superficial llegue a los pueblos afectados». «El problema de la provincia de Huelva está en el déficit de infraestructuras hidráulicas públicas que tiene y que hay que acometer para que al final esto no se convierta en un problema con Doñana», puso de relieve la dirigente socialista.
Al Constitucional
La posición del PSOE andaluz en este asunto contrasta con la del Gobierno. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó ayer de «absoluta irresponsabilidad» la aprobación de la toma en consideración en el Parlamento andaluz de la proposición de ley para la mejora de la ordenación de los regadíos. de PP, Cs y Vox, sobre la que el PSOE se abstuvo. Ribera amenazó con que «de salir esa ley adelante, el Ministerio interpondrá el recurso ante el Tribunal Constitucional y pedirá su paralización inmediata».
Por último, la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, reiteró, que las hectáreas a revisar son entre 750 y 800 y no 1.500 como sostienen fuentes del Gobierno y ecologistas.