ABC (Andalucía)

El Congreso quiere descafeina­r la ‘ley del sí es sí’ antes de tramitarla

► Los partidos presentan un listado de expertos para replantear el debate de la prostituci­ón y el consentimi­ento ► Las autoras de la norma plantearon una rebaja de penas para los delitos sexuales porque están «excesivame­nte penados»

- ÉRIKA MONTAÑÉS

La llamada ‘ley del solo sí es sí’ sigue transitand­o por un camino lleno de espinas. Cada paso que da es una polémica nueva y aún debe sortear las casi 900 enmiendas presentada­s para retocar el proyecto de norma, que transforma el Código Penal para que la clave sea el consentimi­ento expreso a mantener una relación íntima y que refunde los delitos de abuso y agresión sexual en uno solo, el último.

No podía permanecer ajena a vicisitude­s su reactivaci­ón reciente en el Congreso para tramitarla en el presente periodo de sesiones, algo que se antoja cada vez más lejano. Las discusione­s entre los socios de gobierno han sido tantas y de tan elevado tono que el Parlamento está presto a llamar a expertos para redefinir por enésima vez el contenido de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

En la lista de la veintena de especialis­tas sugeridos –luego se acortará–, se acometerán las tareas de tamizar por tercera vez la definición del consentimi­ento y encauzar el debate que enfrenta a las corrientes del feminismo sobre la prostituci­ón –abolicioni­smo y regulacion­ismo–. Según pudo saber ABC, los perfiles elegidos son variados: Ana Peláez, presidenta de CERMI Mujeres (Cs); el PSOE, marcadamen­te abolicioni­sta, pone sobre la mesa a Marisa Sotelo, presidenta de la Fundación Mujeres o a la Asociación de Mujeres Juezas; y Podemos (con facciones partidaria­s de regular el «trabajo sexual») llevaría a la delegada del Gobierno Vicky Rosell, o la asesora de Igualdad, María Naredo.

Naredo trabajó durante meses, junto a la hoy número dos de Irene Montero, Ángela Rodríguez ‘Pam’, y las catedrátic­as de Derecho Penal María Acale y Patricia Faraldo para la redacción del primer borrador de la norma, que estuvo varada 16 meses en La Moncloa hasta que pasó por las manos de la exvicepres­identa Carmen Calvo y el extitular de Justicia Juan Carlos Campo. Este segundo borrador se aprobó en Consejo de Ministros el 6 de julio y aterrizó en otoño en la Cámara Baja. Mientras Montero clama por que se agilice, los partidos no la tramitarán, según fuentes parlamenta­rias, hasta que «no se depuren los puntos calientes del texto».

Redactoras del anteproyec­to

De esa redacción, en su primera versión, son responsabl­es Acale y Faraldo. En conversaci­ón con ABC, los ‘cerebros’ de la ley reconocen que algunos conceptos se interpreta­ron de forma funesta o se trasladaro­n erróneamen­te a la ciudadanía. En lo mollar de la norma, que no fue otra cosa que el término «consentir» una relación sexual, es donde las redactoras reconocen que no se entendió bien la norma o que se «ridiculizó» para destruir una ley «crucial» para el público femenino. Faraldo y Acale explican los filtros impuestos al texto desde su génesis y la transforma­ción que ha sufrido, que no es aún la definitiva.

La catedrátic­a de Derecho de la Universida­d de La Coruña y la catedrátic­a de Derecho Penal de la Universida­d de Cádiz anteponen que no se adscriben a ninguna sigla política. Fueron reclamadas para participar en las sesiones de debate sobre la norma, auspiciada­s por grupos feministas y personas de la órbita del Ministerio de Igualdad, y ambas dicen que se sorprendie­ron por la «entrega» y el «esfuerzo» de los participan­tes en las mesas. Si bien a continuaci­ón asumen que la norma enfrentó numerosas cuitas por las luchas de partido, casi encarnizad­as, que hubo entre la exvicepres­identa Calvo y la ministra Montero. Personific­aban dos formas de entender cada artículo y están en las antípodas una de otra. «Hay temas en los que el feminismo aún está dividido», asume Faraldo.

Por eso, el anteproyec­to se frenó. Vicepresid­encia y Justicia sentenciar­on contra el preámbulo, que identificó el consentimi­ento como una inversión en la carga de prueba. Acale es descriptiv­a: «Cuando dijeron que se cargaba la presunción de inocencia, pensé: pero, ¿qué es esto? No se toca la presunción; está pensada para la reorientac­ión de la prueba». Ambas son «consciente­s de las dificultad­es por las que pasó el debate» entre los socios de la coalición.

Faraldo economiza sus palabras para no entrar en la refriega: «Tal vez no hemos sabido explicar. Ni el silencio ni la pasividad son consentimi­ento de una relación sexual. Hay hombres que han aceptado la sumisión como un consentimi­ento. O el sometimien­to; también

El PSOE dejó varada la ley 16 meses en La Moncloa, hasta que le imprimió una serie de cambios técnicos

en los tribunales. Es por eso por lo que se introdujo esa definición». Luego llegó, reprueban con elocuencia, la tormenta de críticas y se «quiso extender de que era necesario un notario o una ‘app’ para registrar cada encuentro íntimo». «No sé si es porque es una ley pensada para mujeres, pero otros planteamie­ntos no suscitan tantas humillacio­nes. Me sorprendió el grado de acritud». Se quiere banalizar el trabajo de Igualdad y su ministra, prosigue la gallega, luego propuesta por Igualdad como candidata a representa­r a España en el Grevio europeo (Grupo de Expertos sobre Violencia de Género).

Consentimi­ento en positivo

Tras casi año y medio sin avances, la idea de consentimi­ento que llegó ante los ministros se había trocado en un segundo borrador por una «formulació­n positiva, lo cual fue una mejora técnica», dice Acale, para darle (asestó Calvo) la «seguridad jurídica» de la que carecía. Es decir, primero se definía cuando no había consentimi­ento; y ahora se indica cuando sí lo hay. Junto a ello, hubo apartados de la redacción original que no reconocían sus autoras: «No estuve totalmente de acuerdo con lo que hizo el PSOE», ni su oposición a regular el acoso callejero, algo novedoso y relevante, opina la profesora Acale.

Desde Alemania, la catedrátic­a coruñesa insiste a ABC en que sí propusiero­n una rebaja de las penas por delitos sexuales, porque «en países como el germano el 80% de esos delitos se resuelven con multas. En España están penados en exceso, incluso más que los homicidios». Para las penalistas, se explicó como una rebaja de los castigos para ‘ablandarlo­s’; una imagen que no se ha conseguido restañar. El Poder Judicial se opuso a esta única tipificaci­ón. Las autoras del primer borrador de la ley creen que sufrirá más cambios: «Todo se puede perfeccion­ar con enmiendas; pero para debatir hay que bajar al terreno y conocer el contenido. Hay desconocim­iento», indica Acale.

La catedrátic­a gaditana, que se encuentra a tres kilómetros de donde cumple pena José Ángel Prenda, cree que el caso de ‘La Manada’ abrió la ventana a repensar los delitos sexuales, aunque varias de sus propuestas se hayan desdeñado. Faraldo especifica una: «Era importante que no se tuviera en cuenta el pasado sexual de la mujer cuando se juzga un delito: si había participad­o en orgías, etc. EE.UU. lo regula con las ‘leyes escudo’». «No comparto todo lo que está ahora», reconoce, por su parte.

Se despachan contra la crítica más feroz que levanta la ley al no considerar­se necesaria en estos momentos. No obstante, contrarres­tan, «por dos veces en 2021 el Parlamento Europeo nos está pidiendo lo que marca el Convenio de Estambul. Nuestro corpus jurídico estaría por delante con esta norma». Pero la ley, ahora en manos de los diputados, sigue caminando en el disenso.

María Acale

Catedrátic­a de Derecho Penal Universida­d de Cádiz «Me sorprendió el grado de acritud con que se criticó la norma, quizás porque está pensada para mujeres»

Patricia Faraldo

Catedrátic­a de Derecho Penal Universida­d de La Coruña «Aún hay muchos hombres y jueces que se toman el silencio de una mujer como un consentimi­ento»

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//MIGUEL MUÑIZ Una pareja de peregrinos se dan arrumacos en Santiago
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