El PP pone contra las cuerdas al PSOE al llevar la política penitenciaria al Pleno
▶ El Congreso debate hoy acabar con el acceso al tercer grado sin arrepentimiento y los ‘ongi etorri’
El PSOE tendrá esta tarde otra oportunidad para enmendar o confirmar sus relaciones con el mundo proetarra. El Pleno del Congreso debatirá la proposición de ley impulsada por los populares para poner fin a que los presos de la banda terrorista puedan acceder al tercer grado sin arrepentimiento ni colaboración con las autoridades, y a que sean homenajeados al salir de prisión.
La posición que adopten los socialistas los retratará en plena polémica por el informe de la Guardia Civil sobre los contactos mantenidos entre Instituciones Penitenciarias y el entorno de los presos de ETA en busca de un trato de favor. En cuanto a los ‘ongi etorri’, el partido de Pedro Sánchez los rechaza verbalmente pero en noviembre votó en contra de prohibirlos cuando Ciudadanos elevó al Pleno una iniciativa en este sentido. Nada hace pensar que los socialistas modificarán su posición por lo que los populares intentarán rentabilizar el debate y extender la tesis de que el Gobierno utiliza la política penitenciaria como medio de pago a EH Bildu por su apoyo en el Congreso.
Reformas legales
La proposición de ley popular pretende mejorar el régimen de protección de las víctimas de delitos actuando en dos frentes. Por un lado, plantea endurecer los controles sobre el acercamiento de presos para vetarlos si no concurre arrepentimiento y colaboración con la Justicia. La fórmula en este caso sería una reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria para que los condenados por terrorismo no puedan acceder al tercer grado sin que quede acreditada, con informes de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía, su desvinculación de la organización terrorista y su entorno. Los populares también proponen exigir que las autoridades acrediten la colaboración del condenado en el esclarecimiento de crímenes por resolver.
Por otra parte, el texto plantea dar poder a los delegados y subdelegados del Gobierno para que puedan suspender las reuniones o manifestaciones que persigan homenajear al autor de un delito. Para ello proponen modificar el Estatuto de la Víctima sobre la base de que estas concentraciones pueden implicar represalias, intimidación, victimizaciones secundarias o daños psíquicos y agresiones a la intimidad de los agredidos y sus familiares. Afectaría también a la Ley de Seguridad Ciudadana de manera que si una delegación del Gobierno suspende una reunión, los ayuntamientos no puedan facilitar su celebración sin incurrir en una infracción muy grave. Para rematar, el texto plantea que la Fiscalía actúe contra los organizadores de estos actos si llegan a constituir delito.
Este será uno de los debates más importantes de esta semana en el Congreso, donde también hoy podrían producirse avances entre el PSOE y sus socios para reformar la Ley de Seguridad de Ciudadana. El miércoles la atención estará centrada en la sesión de control, donde el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Pablo Casado, mantendrán su primer cara a cara en ocho semanas con los ecos de las elecciones de Castilla y León.
Los populares también presionarán a los socialistas por sus alianzas con EH Bildu durante la sesión de control. Su diputado y víctima del terrorismo Jaime Mateu preguntará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el papel que tuvo el etarra Kubati como interlocutor del Gobierno. «¿Estaba al corriente de la existencia de canales soterrados de negociación con representantes del mundo proetarra?», planteará. Vox hará presión en este asunto. El vicepresidente cuarto del Congreso, Ignacio Gil Lázaro le preguntará por qué ha ocultado que «está en permanente contacto con representantes de los presos de ETA».